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El Proyecto del Senado 77 fue convertido en ley  a los fines de facilitar la obtención de permisos de uso para pequeñas y medianas empresas (PYMES) y agilizar la ejecución de obras de reconstrucción gubernamental tras eventos naturales, mediante enmiendas a la Ley 161-2009, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico.

La ahora Ley 106-2025 establece un proceso de auto certificación para que las PYMES puedan obtener de forma automática un permiso de uso, siempre que se certifique bajo juramento el cumplimiento con los requisitos legales y reglamentarios, y que la actividad comercial no tenga impacto ambiental. Por lo cual, un ingeniero o arquitecto licenciado podrá alternativamente, certificar que la actividad cumpla con las condiciones de uso, parámetros del distrito de calificación, requisitos de seguridad y salud ambiental, y cualquier otro requisito reglamentario.

A su vez, esta ley también dispone que toda obra dirigida a reparar o reconstruir infraestructura afectada por eventos naturales, que sea realizada por entidades gubernamentales, se considerará como «Obra Exenta» para efectos de permisos de construcción. Esta exención aplicará siempre que las obras busquen restablecer la infraestructura a su estado previo a dichos eventos.

Además, se aclara que modificaciones dirigidas a corregir defectos de diseño, mejorar la resiliencia o cumplir con requisitos de agencias federales no impedirán que las obras sean clasificadas como exentas.

Quedan excluidas las obras que se lleven a cabo en sitios y zonas antiguas e históricas, las cuales requerirán permisos conforme a los reglamentos aplicables y la normativa de los Municipios Autónomos con jerarquía I a III. Asimismo, el Reglamento Conjunto deberá especificar el alcance de estas obras exentas.

La intención legislativa plantea que desastres como los huracanes Irma y María, la actividad sísmica desde 2020 y la pandemia del COVID-19 han puesto en evidencia la necesidad de agilizar los procesos de permisos, tanto para el sector privado como para las agencias gubernamentales.

En apoyo a esta política pública, se cita el informe Doing Business 2020 del Banco Mundial, que demuestra que las economías más competitivas simplifican sus trámites mediante plataformas digitales y mecanismos expeditos, fomentando la confianza de los inversionistas y promoviendo el desarrollo económico. En contraste, se señala que en Puerto Rico persiste una burocracia que dificulta la apertura de negocios, siendo la demora en las inspecciones, la falta de personal técnico y la ineficiencia en la digitalización de procesos algunos de los principales obstáculos que esta ley busca atender.

Finalmente, la ley ordena enmendar la reglamentación correspondiente en un plazo de 60 días contados a partir de su aprobación, para armonizarla con las disposiciones aquí establecidas.