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NOTICIAS , Puerto Rico District Court | COVID-19 , Daniel Rivera Vargas , Ejecutivo , Judicial , NOTICIAS , Pedro Delgado-Hernández , Salud , Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico
El juez federal Pedro A. Delgado Hernández denegó el pedido de interdicto preliminar y desestimó la demanda de un grupo de empleados públicos opuestos a las políticas de vacunación obligatoria contra el COVID-19 del gobierno de Puerto Rico.
«El gobernador tiene un interés legítimo en proteger la salud pública», sostuvo el juez Delgado Hernández.
En una opinión y orden de 64 páginas en el caso Zulay Rodriguez Velez, et al, vs. Pedro R. Pierluisi, el juez Delgado Hernández advierte que el caso llega en un momento significativo ante el impacto mundial de la pandemia y que ha causado unas 4 millones de muertes a nivel mundial. Aseguró que hizo un análisis profundo de las alegaciones, y determinó que no procedían las diversas reclamaciones enumeradas como violaciones al debido proceso de ley, y a la ley federal de libertad religiosa .
«Al igual que la corte reconoce el derecho a determinar que se puede hacer con nuestros propios cuerpos, también reconoce que hay limitaciones a ese derecho. Entre esas limitaciones está el interés de la sociedad en proteger la salud y seguridad de la comunidad», sostuvo el juez Delgado Hernández.
Se trata de un nuevo revés judicial en Puerto Rico para los oponentes a la vacunación obligatoria. En agosto pasado, a nivel del Tribunal de Primera Instancia, hubo otro caso, de unos 300 demandantes, sobre este asunto donde también se mantuvo la legalidad de este mecanismo en contra del COVID-19.