Por Paola Arroyo Guzmán

Bajo el nuevo Plan de Clasificación y Retribución del gobierno, que comenzó a principios de este año, la abogacía ahora cuenta con nuevas clasificaciones de puestos y ajuste en compensaciones salariales.

La directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno (OATRH), Zahira A. Maldonado Molina conversó con Microjuris sobre el plan de retribución y reclasificación uniforme que modificará la escala salarial para casi todos los servidores públicos.

«Un abogado o abogada, que antes sus ingresos fluctuaba entre $36,000 a $40,000 anuales, ahora comienza con un mínimo de $53,600 anuales. Le sigue el abogado o abogada ‘senior’, que es un abogado o abogada con más experiencia, que comienza en $64,900. Por último, el abogado o abogada principal, que tienen un cargo de supervisión, comienza en $71,400 anuales», dijo Maldonado Molina.

Maldonado Molina sostuvo que la gran mayoría de los empleados y empleadas ya recibieron la carta de notificación sobre la nueva clasificación, mientras que otros están en proceso de recibirla.

«De la forma en cómo funciona el plan es que, los primeros en recibir un ajustes son aquellos puestos que estaban por debajo de la escalara salarial en comparación al sector privado. Eso es parte de un 52% a 53% de los empleados comprendidos por el plan», sostuvo la licenciada, quien recordó que esta primera etapa de la Reforma del Servicio Público, aplica a 22,223 servidores públicos del gobierno central.

De 176 planes de clasificación de puestos se redujo a dos planes de clasificación; uno para servicio de carrera y otro para servicio de confianza. De 25 mil clases de puestos se redujo a 1,500 luego de agrupar puestos iguales o similares. Mientras que las escalas salariales se redujeron a 25 de un total de 44 escalas salariales anteriormente para fomentar el crecimiento profesional.

«Debemos seguir revisando y actualizando esas escalas salarias. Sucedió que ante la escases de recursos, tanto económicos como humanos, muchos análisis de las estructuras organizacionales, y de las decisiones de deberes de los empleados quedaron relegadas. Me he topado con agencias que no han revisado que no han verificado sus clasificaciones organizacionales desde los años 90», agregó.

OATRH confirmó que anteriormente habían diferentes escalas de abogados y abogadas dependiendo de la agencia gubernamental, ahora con el plan, se organizaron en tres categorías: 

1. Abogado o abogada de ingreso
2. Abogado o abogada «senior»
3. Abogado o abogada principal

«Teníamos dos empleados en distintas agencias de gobierno con salarios diferentes, pero haciendo las mismas funciones. Podíamos, por ejemplo, ver abogados en una agencia con una paga mayor, en comparación a otro haciendo esencialmente lo mismo».

El plan de retribución forma parte de las reformas al servicio público que impulsa la Junta de Supervisión Fiscal con el fin de e clasificar correctamente a los empleados públicos de acuerdo a sus funciones.

Los dos entes públicos que participaron del Plan Piloto de Reforma Administrativa que comenzó en abril de 2022 fueron la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Hacienda (DH).

Maldonado recordó que en el actual plan fiscal se contemplan $99 millones para los ajustes de salarios y $33 millones para nuevos nombramientos de empleados, más los gastos operacionales, que suman en total $132 millones anuales.  La disponibilidad de estas partidas está sujeta al cumplimiento de las metas trazadas para el gobierno por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).