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Observan confusión entre jueces y juezas por opinión del Supremo federal sobre Ley de Armas

18 de octubre de 2024
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Por Daniel Rivera Vargas

Una reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos refleja que los jueces del alto foro han reconocido posibles fallos en una de sus opiniones más recientes, según un abogado con experiencia en el tema.

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Esta semana, en un listado de órdenes, se destacó la disposición sumaria del certiorari en el caso Paris, Comm’r, PA State Police v. Lara, Madison M., et al., donde el Tribunal Supremo de EE. UU. revocó sin emitir una opinión extensa una decisión del Tercer Circuito de Apelaciones. Los jueces del Supremo ordenaron una ‘consideración adicional a la luz de United States v. Rahimi’.

La ley de Pensilvania prohibía a menores de 21 años portar armas durante una emergencia declarada.

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Este caso debatió el alcance del derecho a la posesión de armas de fuego bajo la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. A pesar de la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo, que ha favorecido resoluciones basadas en la tradición histórica, la audiencia oral en este caso mostró una división más marcada de lo habitual entre jueces liberales y conservadores.

Finalmente, en 2024, el Tribunal Supremo falló a favor de mantener la restricción del estado. El juez presidente conservador, John Roberts, expresó que, al realizar el análisis histórico, una regulación moderna que ‘no coincida exactamente’ con las leyes históricas de los primeros años de la república ‘aún puede ser suficientemente análoga para superar la prueba constitucional’.

En entrevista con Microjuris, Carlos Chévere Lugo señaló que la decisión del Supremo de devolver el caso al apelativo ‘con la orden de que vuelvan a revisar Rahimi’ ya ha ocurrido en otras ocasiones.

Esto es consecuencia del precedente establecido en NY v. Bruen en 2022, cuando el Tribunal revocó una ley estatal que regulaba las armas, alegando que era contraria a la historia y tradición constitucional.

Bruen, comentó Chévere Lugo, generó confusión en la judicatura, y con Rahimi los jueces del Supremo intentaron aclarar el panorama, aunque sin revocar directamente el precedente establecido por Bruen.

«En teoría el Supremo está pasándole el peso a las cortes del circuito apelativo de arreglar el desastre que ellos mismos crearon que fue el caso de Bruen», indicó Chéveres Lugo.

«En el caso de Bruen, hubo una decisión expansiva donde bajo interpretación de historia y tradición, revocó un caso en casos de ley de armas, pero en Rahimini dijeron ‘no, vamos a hacer una interpretación menos expansiva que Bruen'», añadió.

La falta de claridad en Bruen se debe a que, aunque el Tribunal Supremo hace un llamado a la historia y tradición, no detalla los pasos específicos para realizar ese análisis. Además, propone un criterio adjudicativo ‘vago y subjetivo’, lo que genera incertidumbre en su aplicación.

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Esta situación ha dejado a los tribunales ‘bastante confundidos’ a la hora de resolver ciertas controversias.

«Para darte un ejemplo, ha habido tribunales de distrito donde usando reglas de procedimiento penal han considerado usar expertos historiados para que hagan esa evaluación al tribunal de historia y tradición porque ellos mismos entienden que no pueden hacer el análisis que el supremo dice que tienen que hacer», sostuvo.

Chévere Lugo se refirió al juez federal de Mississippi, Carlton Reeves, quien, según explicó, consideró la posibilidad de contratar a un historiador. Sin embargo, ante la oposición de las partes, falló a favor del acusado, aunque criticó el análisis establecido en Bruen.

«Los jueces no somos historiadores. No nos adiestramos como historiadores. Practicamos el derecho, no la historia», indicó el juez federal.

Por otro lado, en temas relacionados, el licenciado Chévere mencionó que la revocación en el caso Paris no ha sido el único asunto de armas que el Tribunal Supremo federal ha abordado en este nuevo término que recién comienza.

Indicó que la semana pasada se llevó a cabo una argumentación oral en Garland v. Vanderstok, donde está en disputa una regulación de la Administración Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Esta regulación establece que los concesionarios que vendan partes de una pistola se considerarán como si estuvieran vendiendo armas, lo que implica que deben cumplir con regulaciones adicionales de la agencia.

A pesar de las recientes decisiones que buscan limitar el poder de las agencias, ‘para mi sorpresa, la mayoría del tribunal se mostró a favor de la regulación de la agencia. Si me preguntas cómo decidirán ese caso, probablemente se resuelva con un voto de 6 a 3, con Roberts y Amy Coney Barrett votando junto a los liberales’.

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