Por Daniel Rivera Vargas

Luego que se radicara la demanda en que cientos de personas cuestionan la vacunación mandatoria en Puerto Rico, Microjuris conversó con una de las personas que representarán legalmente el reclamo, el licenciado Adrián Díaz Díaz.

Vacunación mandatoria llega al tribunal

Díaz Díaz, también portavoz de la Coalición Pro Consentimiento Informado y excomisionado electoral del partido Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR), indicó que las órdenes ejecutivas son contrarias a derecho, porque no se siguió la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ni tampoco se cumple con un debido proceso cuando se pretende limitar acciones de ciudadanos sin que la Legislatura haya intervenido en el proceso.

"Esa orden ejecutiva le está cediendo poderes al Departamento de Salud que no está habilitado en la ley orgánica. Es un acto en contra de la ley, el gobernador no puede ir por encima del poder legislativo", sostuvo el abogado, quien también lleva el caso de un autocine en contra de las órdenes ejecutivas, actualmente pendiente a una reconsideración en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

El abogado enfatizó que la Food and Drug Administration (FDA) ha dicho que las vacunas son de uso voluntario, según la ley federal que establece los Emergency Use Authorization.

«Esas órdenes son incorrectas, ilegales. Ellos no tienen facultad en ley. Eso es campo ocupado federal», indicó.

Sobre las decisiones federales de Indiana y Texas a favor de la vacunación mandatoria, Díaz Díaz afirmó que ya ha repasado la decisión de Texas, pero aún no la de Indiana.

Aseguró que la determinación en Texas, establecida por un juez nombrado por el presidente Ronald Reagan, está muy mal fundamentada.

Además, señaló que se trata de una decisión laboral y que en Puerto Rico la ley es diferente, que provee grandes salvaguardas a los intereses del obrero.

«Estamos creando un discrimen basado en una categoría sospechosa, basado en una falsa creencia o prejuicio», comentó.

Más sobre la demanda

La demanda fue presentada el viernes también por las abogadas Atabey Lamela Gandía y Cynthia Torres Torres.

El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti pautó una vista de interdicto por videoconferencia para este martes a las 1:30 p.m.

10 referencias legales en la orden de vacunación

Demandantes en el proceso

Dos de las personas que representarán Díaz Díaz, Lamela Gandía y Torres Torres expresaron a Microjuris sus razones para ser parte del pleito.

Lourdes Amadeo, una enfermera graduada de 38 años, vecina de Bayamón y madre de un niño de 11 años y otro de 6, indicó que su principal motivación es sobre el derecho a elegir sobre los procesos que escoge cada ciudadano sobre su salud.

«Comprendo la ciencia, y hay unos programas de vacunación que han sido excelentes en la población. Aquí lo que se está haciendo mención es sobre la compulsoriedad de la vacunación y sobre la intromisión de las decisiones que toman los individuos sobre su salud y sus hijos», dijo Amadeo.

Cuando se le pidió que dijera cómo respondería que desde que hay vacuna han bajado las muertes y hospitalizaciones, la enfermera respondió que esto «coincidió con la vacuna», pero que pueden haber otros factores.

Vacunación obligatoria es respaldada en dos determinaciones federales

Mientras, Karla María de la Torre-Ugarte Otiniano, psicóloga clínica de 46 años, madre de hijos de 10, 7 y 6 años, y vecina de Guaynabo, dijo que ella practica su propia forma de vacunación y no apoya el uso de químicos.

Su vacunación, explicó, está basada en alimentación adecuada, lactancia a sus hijos y buena higiene física y mental.

«Yo no deseo vacunar a mis hijos ni aunque esté aprobada la vacuna. En lo particular tengo una visión individual espiritual sobre la salud y el cuerpo de mi familia», sostuvo.

Agregó que la congregación religiosa en la que participa, de nombre Viviendo en la fe, no cree en este tipo de vacunación, por lo que no tendría problemas en obtener una declaración jurada de su líder religioso exponiendo su oposición.

Sin embargo, dijo que independientemente de que ella no tiene obstáculos para cumplir con ese requisito, ella se opone a que se le exija ese tipo de documento a cualquier persona.

«Yo pienso que no deberían exigir declaraciones juradas sobre decisiones que tomes con tu cuerpo».

Las mujeres entrevistadas son parte de las más de 300 personas que son parte de la demanda en la que alegan la inconstitucionalidad de las órdenes administrativas del gobierno que promueven la vacunación mandatoria.

Solicitaron que se emita un interdicto que prohíba la implementación de la vacunación mandatoria y que se les compense a cada demandante en unos $70 mil por daños y angustias mentales.