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Por Daniel Rivera Vargas

La decisión de la jueza Laura Taylor Swain, que prohíbe la implementación de la más reciente reforma laboral pone en evidencia la amplitud de la Ley Federal PROMESA sobre los contornos de los poderes constitucionales, pero también revela la falta de interés del Poder Ejecutivo en medidas de bienestar para los trabajadores, opinó el licenciado Rolando Emmanuelli.

Declaran nula la Ley 41, mejor conocida como la nueva “Reforma Laboral”

«Ratifica la relación colonial, de dominación de la Junta (de Supervisión Fiscal) sobre el gobierno de Puerto Rico, pero además en asuntos de índice privada, no solo de las finanzas públicas. Es un ejemplo de cómo PROMESA rompe el proceso constitucional de la separación de poderes», dijo Emmanuelli.

Es un debilitamiento de los poderes constitucionales que enfrenta a las ramas constitucionales.

«La legislatura puede volver a aprobar la ley, pero justificarla, que es lo que dice Swain, que no está justificada, y entonces la Legislatura debe presionar a la Rama Ejecutiva para que AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) justifique la ley, porque eso está en PROMESA. El problema es procesal, que se viola el trámite del proceso de la ley PROMESA«, sostuvo.

También es una confrontación que emerge de las actuaciones de los propios representantes de esos poderes, dijo el letrado.

Por ejemplo, sobre el anuncio de la Cámara de Representantes de que apelarán la decisión en el Tribunal de Apelaciones de Boston, Emmanuelli dijo que se trata de un esfuerzo que tendrá pocas consecuencias porque hasta el momento este cuerpo legislativo no ha impugnado la constitucionalidad de la ley PROMESA.

Pero, también está lo que Emmanuelli percibe como una estrategia del gobernador Pierluisi para tener un «doble poder de veto» con medidas legislativas.

Y es que, el autor de libros sobre esta ley federal, y quien ha litigado casos relacionados al estatuto ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que la opinión de Swain encierra «dos dimensiones».

«Por un lado la jueza amplia el poder de la junta sobre Puerto Rico porque interviene en asuntos que normalmente no es prerrogativa del Gobierno y las finanzas del gobierno, y el otro tema es la negligencia crasa de no representar adecuadamente al gobierno bajo la ley PROMESA», dijo Emmanuelli.

El letrado dijo que esta opinión se suma a otras decisiones del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, donde se le advierte al gobierno que tratan de litigar casos sobre PROMESA con documentos que son insuficientes, donde no se cumple con el mandato de la ley federal de justificar las leyes.

«Constituye un patrón donde las leyes que han sido anuladas por la jueza tiene el mismo problema: falta de justificación», sostuvo el letrado.

Emmanuelli entiende que se trata de algo deliberado por parte del gobernador Pierluisi.

Se refiere a que la Reforma Laboral era una medida con mucho apoyo en la ciudadanía porque beneficiaba a obreros del sector privado, pero ideológicamente no es del agrado del gobernador, de quien dijo tiene mentalidad neoliberal.

Así que el gobernador sabe que puede firmar una ley en la que no cree, porque sabe que al no defenderla bien, como constantemente ocurre, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se va a oponer y, en derecho, la jueza Swain va a resolver a favor en contra.

Pierluisi, en opinión de Emmanuelli, queda bien, porque firmó la ley en la que no creía, pero finalmente la ley nunca queda en vigor porque fue la JSF quien la impugnó exitosamente en el tribunal.

«Es indisputable que el gobierno no certifico la congruencia de la ley con el plan fiscal... el gobernador no hizo su trabajo ¿y por qué no hizo su trabajo? Es un segundo turno del gobernador para vetar una ley», sostuvo.

Emmanuelli dijo que otro tema es que harán los patronos con la decisión de Swain.

Dijo que la decisión, por un lado, no es final y firme, y por el otro, puede que haya patronos que traten de cambiar los beneficios de sus empleados a pesar de que el momento de que estos firmaran sus contratos lo hicieron bajo los términos de la reforma laboral vigente.

«Es una forma de sabotear al Poder Legislativo», dijo.