La Cámara de Representantes se apresta a aprobar legislación que ordena el desembolso de incentivos para profesionales de la salud activos durante la emergencia del COVID-19. Estos incentivos habían sido aprobados durante el 2020 y no aún no han sido desembolsados.

La Resolución Conjunta del Senado 54 ya había sido aprobada por el Senado y fue avalada en vista de mark up session de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara, presidida por el representante Jesús Santa Rodríguez. La medida debe ser aprobada por el pleno de la Cámara.

La medida ordena al secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, a desembolsar el pago de los incentivos otorgados por el Gobierno de Puerto Rico, mediante las Resoluciones Conjuntas 23-2020 y 65-2020 a todos los profesionales de la salud activos durante la emergencia de salud pública que supone el COVID-19.

Específicamente a todos los técnicos quirúrgicos, técnicos radiólogos, técnicos en medicina nuclear, técnicos de emergencias médicas (básico y paramédicos), empleados carreros, terapistas físicos, terapistas respiratorios, técnicos de terapia respiratoria y asistentes de terapista físico.

Se autoriza al secretario de Hacienda a utilizar los fondos del Fondo de Emergencia, creado en virtud de la Ley Núm. 91 del 21 de junio de 1966, según enmendada, así como también identificar cualquier otro fondo ya sea estatal o federal que se identifiquen para la consecución de los propósitos de esta Resolución Conjunta.

Hacienda debe identificar cerca de $50,235,000 millones que sería el estimado final de incentivos, de acuerdo a la Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo en Puerto Rico del Departamento de Salud, junto al promedio de técnicos quirúrgicos activos en Puerto Rico, de acuerdo al presidente de la Asociación de Técnicos Quirúrgicos de Puerto Rico.

¿Cómo se probaron los incentivos originalmente?

La Resolución Conjunta 65-2020 estableció un incentivo económico para determinados profesionales de la salud, tanto municipal como privados, así como trabajadores hospitalarios y/o de la salud, en alto riesgo y de primera respuesta ante la Pandemia Mundial del Coronavirus (COVID-19).

Estos fondos provenían del Fondo de Emergencia.

Posteriormente, la Resolución Conjunta 84-2020 enmendó la 65-2020. El propósito de la enmienda fue para limitar la fuente de los fondos para el incentivo, de modo que no salieran del Fondo de Emergencia como originalmente fue concebido por el Gobierno, sino que los mismos salieron de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal y el Presupuesto Certificado o cualquier otro fondo estatal o federal que el Gobierno identificara.

Sin embargo, la Junta de Supervisión y Administración Financiera emitió notificación donde indicaba que la asignación no cumplía con las disposiciones de la Ley PROMESA. El argumento de la Junta es que la Legislatura está imposibilitada de adoptar una reprogramación presupuestaria hasta el ente federal haya enviado a la Legislatura un análisis que certifique que dicha acción no presente inconsistencias con el Plan Fiscal y el Presupuesto.

Ante las controversias que surgieron en el proceso de desembolso de estos incentivos, el Senado realizó investigación que dejó al descubierto las diferentes gestiones que realizaron los profesionales de la salud con las agencias gubernamentales con el fin de indagar el procedimiento para poder recibir el incentivo aprobado, pero que fueron infructuosas. De hecho, los distintos representantes de las profesionales de salud expresaron que nunca le advirtieron que el mismo no podía ser pagado.

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