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La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara, presidida por Luis Raúl Torres Cruz, continuó esta semana su proceso de vistas públicas sobre la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con la comparecencia de organizaciones sin fines de lucro que trabajan de cerca los problemas en el sistema eléctrico de Puerto Rico.

Entre ellas, el Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), entidad que desde 2015 ha presentado propuestas para garantizar la estabilidad del sistema, sugirió un plan de acción que aseguran tiene el propósito de proporcionar a la AEE una perspectiva presupuestaria que sea realista y factible tanto a corto como a largo plazo.

El plan propone una tasa de recuperación del 0% para los tenedores de bonos, del 50% para los prestamistas de línea de combustible y del 0% para los acreedores no garantizados. Además, la organización aseguró que, desde una perspectiva de mercado global, el curso de acción eficiente es cancelar la deuda de la AEE, hacer cumplir una estricta responsabilidad fiscal con el futuro y fomentar las estrategias de crecimiento económico.

"Esto no significa que los tenedores de bonos no recibirán ninguna compensación. Más bien, se crearía un fondo común de compensación a partir de otros activos disponibles, incluidas las recuperaciones de seguros y el grupo de servicios financieros", explicó el director de Análisis Financiero de IEEFA, Tom Sanzillo.

El Instituto enfatizó que la imposición de un cargo en la tarifa eléctrica por los próximos 50 años con el objetivo de pagar la deuda de la AEE amenaza con hacer que la transformación energética en Puerto Rico sea "casi imposible".

"Las condiciones macroeconómicas son débiles y se espera que la población siga disminuyendo. No se puede imponer ningún servicio de la deuda cuando el reembolso de la deuda supera la tasa de crecimiento de la economía del ELA (Estado Libre Asociado)", afirmó Sanzillo.

El experto indicó que las aseguradoras solo necesitan respaldar la deuda cubierta por las pólizas contratadas por la AEE. Sanzillo informó que los activos bajo administración de compañías como J.P. Morgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, entre otros, crean una base financiera de $12 trillones para este acuerdo.

Sin embargo, no incluye $2.6 mil millones en ingresos anuales para el bufete de abogados de Sidley Austin; $40 mil millones en ingresos anuales para los auditores de Ernst & Young; o $4 mil millones para el ingeniero consultor URS Corporation.

"No hay duda de que este grupo podría crear un fondo de $4.35 mil millones para resolver el asunto de la AEE. El grupo podría contribuir aún más si todas las partes tuviera un conjunto diferente de opciones", dijo Sanzillo.

"El uso de los activos de las empresas, junto con los pagos de seguros y el recorte de los tenedores de bonos, cubre los pasivos. No son los detalles lo que importa aquí. Es el enfoque, un marco más amplio que permite una estrategia realista de salida de la bancarrota", abundó.

Zancillo sostuvo que el objetivo de mantener una tarifa por debajo de 20 centavos por kilovatio hora (kWh), según establecido en la Ley 17-2019, no es una "construcción mal considerada" y envía una señal de que las empresas pueden planificar sus presupuestos con certeza y el precio de la electricidad, por lo que los aumentos futuros estarán dentro de niveles manejables.

Con esta meta coincidió la organización Cambio, una entidad que promueve la implementación de estrategias y políticas sostenibles en la isla. La gerente del Programa de Energía, Cathy Kunkel, ofreció una serie de recomendaciones y enmiendas al Proyecto de la Cámara 1429 cónsonas con las posturas de IEEFA.

"La tarifa actualmente supera los 27 centavos por kWh, lo cual excede por 40% el nivel de asequibilidad de 20 centavos por kWh establecido por la Ley 17 y por la propia Junta de Supervisión Fiscal en un plan fiscal anterior de la AEE. Añadirle a esta alta tarifa un cargo para pagar la deuda imposibilita lograr la asequibilidad en la tarifa", expresó Kunkel.

La organización que impulsa una transición a energía renovable en Puerto Rico sugirió que el proyecto cameral añada una condición para proteger los derechos de los clientes que instalen sistemas solares en techos al prohibir la imposición de cargos.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener la condición ya incluida en la medida de respetar las prioridades de pago contenidas en el Acuerdo de Fideicomiso, el cual establece que los gastos operacionales, incluyendo las pensiones, tienen prioridad sobre los pagos a los bonistas.

"El proceso de negociación sobre la deuda de la AEE ha sido un proceso sin transparencia y que ha privado al pueblo de Puerto Rico de participación. Urgimos a la Legislatura a ejercer su derecho y responsabilidad en este proceso", manifestó Kunkel.

Sanzillo también se unió a este llamado al señalar que la Asamblea Legislativa tiene un "papel crítico" en este proceso y contar con legislación sobre la reestructuración de la deuda es el "último paso" para llevar a cabo una transformación energética eficientemente.

"Los mercados de bonos no verán favorablemente un acuerdo de deuda que no cuente con el apoyo de la Legislatura de Puerto Rico, incluso si dicho apoyo no es legalmente requerido. Es menos probable que los bonos reciban una calificación favorable si no se consideran respaldados por la plena fe del gobierno emisor", destacó Sanzillo.