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Enmienda el Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Establece el Programa de Servicios con Antelación al Juicio, y el Programa de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, en el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Elimina la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo, respectivamente. Deroga la Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, y la Ley de la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo.

Es necesario explorar alternativas que permitan la integración de áreas administrativas y disminuir la burocracia, que no afecten los servicios y tampoco creen organismos adicionales. En ese aspecto, entendemos que los servicios que ofrecen la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y la Corporación de Empresas de Adiestramiento y Trabajo pueden ser integrados de forma eficiente y costo-efectiva al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con este cambio, se persigue la integración de oficinas de servicios destinadas a las finanzas, recursos humanos, compras y otro tipo de servicios administrativos similares. De esta forma, sin crear organismos adicionales que conlleven mayor erogación de fondos públicos, estos entes gubernamentales serán transformados para liberarlos de gestiones administrativas, de forma tal que puedan enfocar sus esfuerzos, personal y recursos, en la atención directa de los asuntos que afectan a la población que deben servir.

Nos proponemos adscribir la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), como un Programa del Departamento de Corrección y Rehabilitación. La OSAJ fue creada por la Ley 177-1995, según enmendada, como una agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Se creó con el propósito de: investigar y evaluar a todo imputado de delito y ofrecer a los tribunales sus recomendaciones en cuanto a la posibilidad de decretar la libertad provisional del imputado, en la alternativa o adicionalmente a la imposición de fianza; suministrar a los tribunales información verificada sobre los imputados al momento de fijar la fianza o condiciones; velar por la seguridad pública; propiciar la eliminación de la desigualdad económica; y reducir el uso innecesario de las instalaciones correccionales. Tiene como misión, suministrar información verificada a los tribunales para fijar o modificar la fianza o las condiciones que garanticen la comparecencia del imputado del delito, en las diversas etapas del juicio, mientras se vela por la seguridad pública. Esta alternativa evita que personas de escasos recursos que no puedan prestar una fianza y cualifiquen para el programa, no sean ingresadas en una institución. Así se evita el hacinamiento y los gastos que conlleva la reclusión de un confinado en el sistema correccional.