Por el licenciado Alejandro Torres Rivera

4 Amicus, Rev. Pol Púb. y Leg. UIPR ___ (2021)
Originalmente publicado el 22 de septiembre de 2021

Esta ponencia fue preparada para el foro «Territorialidad o libre determinación: las iniciativas congresionales» que se llevó a cabo el 10 de septiembre de 2021 en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

Bienvenidos y bienvenidas a la Convención 181 del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.

El tema de la revisión de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos ha sido recurrente tanto a nivel de su Rama Ejecutiva como de su Rama Legislativa. Así lo atestigua, en el caso de la presidencia de dicho país, los dos Informes del Grupo de Trabajo Interagencial de Casa Blanca sobre el Estatus bajo la Administración de George Bush de 2005 y 2007; como el Informe de dicho Grupo de Trabajo sometido bajo la administración de Barack Obama de marzo de 2011.

Esto también se manifiesta en el Congreso y Senado de los Estados Unidos con por lo menos 17 iniciativas de legislación presentadas en los pasados 15 años relacionadas con el estatus de la Isla.

Ciertamente, ninguna de estas medidas legislativas ha fructificado en una propuesta para atender el problema de las relaciones de subordinación de Puerto Rico a los Estados Unidos, mucho menos en la adopción por parte de tal país de una política pública descolonizadora hacia Puerto Rico. De igual manera, los Informes rendidos por el Grupo de Trabajo Interagencial tampoco han producido nada, más allá de posibles escenarios en torno a mecanismos para atender el tema del estatus, ello sin resultado alguno.

A pesar de la cantidad de proyectos y discusiones en torno al tema del futuro de las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos, el Congreso intensifica su control sobre nuestro país a través de la imposición de una Junta de Control Fiscal como parte de la política territorial adoptada por la Ley PROMESA en el año 2016.

Al presente se encuentran radicados en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos varias iniciativas relacionadas con el estatus de Puerto Rico. Las dos de mayor atención, son la promovida por la Comisionada Residente en Washington, Jenniffer González y el congresista Darren Soto, donde se plantea una petición de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión; y la iniciativa en torno a un mecanismo procesal para el ejercicio de la libre determinación por parte del pueblo puertorriqueño promovida por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortéz.

Invocando la aplicación a Puerto Rico de las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la propuesta de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez promovería en conjunto con la contraparte estadounidense, el diálogo entre las diversas corrientes de pensamiento político en torno al estatus; la producción de fórmulas de relaciones políticas futuras con los Estados Unidos fuera de la condición territorial que impone el Artículo IV, Sección 3 de la Constitución de los Estados Unidos hacia sus territorios y propiedades; y un mecanismo de negociación para viabilizar el ejercicio de los/las puertorriqueños/as a la libre determinación.

Desde su Asamblea de 1 de septiembre de 1944, el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ha denunciado de manera categórica y clara la naturaleza colonial de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. A tales efectos ha demandado del presidente y del Congreso de dicho país la terminación de unas relaciones políticas que considera injustas. En sus señalamientos a partir de la década de 1940, el Colegio ha reclamado tal ejercicio de libre determinación del pueblo puertorriqueño invocando tanto la aplicación del Derecho Internacional como del derecho constitucional doméstico de los Estados Unidos.

En la resolución adoptada por la Asamblea de 1944 el Colegio denunció de manera categórica y clara el régimen colonial en Puerto Rico; señaló que el régimen establecido por el gobierno de los Estados Unidos no ha cumplido satisfactoriamente con la obligación que asumieran en virtud del Tratado de París de determinar la condición política final de los habitantes de Puerto Rico; demandó del Congreso, del presidente de los Estados Unidos y del pueblo estadounidense la terminación de lo que catalogó como un injusto régimen; y que tal régimen se sustituya y determine por otro que responda a la voluntad colectiva del pueblo puertorriqueño. A la vez, la resolución también señaló que el régimen de los Estados Unidos sobre Puerto Rico se mantiene sobre la base de la fuerza, autorizando y ordenando a su Junta de Gobierno llevar a cabo las gestiones necesarias para el logro de los objetivos definidos en la resolución.

La Comisión que me honro en presidir, la cual auspicia este panel de discusión, la Comisión para el Estudio del Desarrollo Constitucional de Puerto Rico, ha venido dialogando a través de décadas procurando ofrecer al país un modelo procesal a través del cual el pueblo puertorriqueño inicie un proceso que lleve a su libre determinación. Este modelo es la propuesta de una Asamblea Constitucional de Estatus. En ella, representantes de todas las opciones en materia de estatus futuro, basadas en el principio de la soberanía de nuestro pueblo, definirían y luego negociarían con los Estados

Unidos las opciones descolonizadoras, compatibles con el derecho a la libre determinación, de relaciones política futuras. Tales opciones habrán de ser sometidas al pueblo para su votación.

Del seno de nuestra Comisión ha surgido un modelo de asamblea que al presente se encuentra radicado por petición ante la Asamblea Legislativa, el P. de la C. 5.

El panel que participará de este foro está integrado la congresista Nydia Velázquez, el Senador Carmelo Ríos, el ex Senador José A. Ortiz Daliot y el profesor de Derecho Constitucional, Carlos Gorrín Peralta. Mediante sus ponencias expresarán diferentes puntos de vista en torno a las dos medidas radicadas ante el Congreso de los Estados Unidos, el H. R. 1522 proponiendo un proceso de admisión de Puerto Rico como estado de la Unión; y del H. R. 2070, titulado Puerto Rico Self-Determination Act of 2021. Las ponencias se presentarán sin menoscabo de referencias que los panelistas interesen hacer en torno al proyecto de Resolución H. Res. 279, de la autoría del Congresista Raúl Grijalva, en rechazo a las premisas racistas establecidas por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en los llamados Casos Insulares, estableciendo distinciones entre "territorios incorporados" y "territorios no incorporados"; así como del P. de la C. 5 ante la consideración de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

Los panelistas tendrán la oportunidad de referirse también a las dos cartas presentadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a petición del congresista Grijalva, sobre los proyectos de ley mencionados.

Una vez más, le damos la bienvenida a esta, la casa grande de la abogacía puertorriqueña.