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Luego de ser aprobado por ambos cuerpos legislativos durante el cierre de la primera sesión legislativa, aún queda pendiente de enviarse a La Fortaleza la legislación que ordena crear el Observatorio de Drogas de Puerto Rico, adscrito a la Administración de Salud Mental y Servicios Contra la Adicción.
El Proyecto del Senado 74, de la autoría del senador José Vargas Vidot, debe ser firmado por los presidentes legislativos para su envío al gobernador Pedro Pierluisi.
Entonces, el gobernador decidirá si lo firma o veta.
El proyecto propone la creación de un observatorio para recopilar información relacionada a las drogas legales e ilegales en Puerto Rico y fomentar el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.
En el año 2005, la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) estableció por sí misma un Observatorio de Salud Mental y Adicciones para monitorear a través del tiempo el curso de las drogas legales e ilegales en Puerto Rico.
A este observatorio se le atribuye la identificación de necesidades para la prevención del alcohol en menores de edad, así como el diseño del Modelo de Prevención Estratégica de Substancias.
Sin embargo, se afirma que a partir del año 2009 no se logró recopilar datos más allá de los generados por los propios programas y servicios de la ASSMCA, provocando su inevitable estancamiento.
En el proyecto aprobado en la Legislatura, las responsabilidades del nuevo Observatorio de Drogas serían:
Toda agencia, municipio, entidad, persona o institución que incumpla con las disposiciones de esta ley o sus reglamentos será sancionado por la ASSMCA.
La primera multa por estadísticas e indicadores no reportados será de $3,000.
Si ocurren próximas infracciones, se sancionará con una multa administrativa de $5,000.
El incumpplimiento con el reporte completo, fiel y oportuno durante tres meses consecutivos (sin demostrar progreso en el cumplimiento) abrirá el acceso inmediato a las bases de datos, archivos y otros documentos.
Luego, el Observatorio recopilará los datos y exigirá el reembolso de los gastos incurridos en obtener la infromación, hasta un máximo de $100 por estadísticas e indicadores, además de las multas correspondientes.