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Por la Lcda. Anaís Rodríguez Vega
Abogada y exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

Puerto Rico lleva años diciendo lo mismo: el sistema de permisos no funciona. Es lento, inconsistente y, muchas veces, incomprensible incluso para quienes trabajan dentro de él. Ante esa realidad, cualquier intento serio de reforma merece atención.

Hoy hay dos propuestas sobre la mesa: el Proyecto del Senado 1173, presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el Proyecto del Senado 1183, impulsado desde el Ejecutivo. Ambas buscan modernizar el sistema. Pero no lo hacen de la misma forma.

En ese contexto, la diferencia es determinante. El P. del S. 1173 ofrece una alternativa mucho más sólida, al atender la necesidad de eficiencia sin sacrificar el rigor técnico ni la estructura institucional necesaria para proteger nuestros recursos naturales.

Su enfoque es claro. Simplifica procesos, elimina trámites redundantes y reduce costos, pero sin desarticular el andamiaje que sostiene la protección ambiental.

Más allá de la agilidad, el debate de fondo es otro: cómo se protegen los bienes de dominio público, particularmente la zona marítimo-terrestre (ZMT), dentro de un nuevo modelo de permisos.

En lo que respecta a la zona marítimo-terrestre, el proyecto establece un requisito fundamental. Toda propiedad colindante debe contar con un deslinde certificado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales antes de cualquier permiso. Esto no es un formalismo. Es la garantía de que las decisiones se basen en análisis científicos y técnicos sobre los límites del dominio público.

Esa claridad elimina ambigüedades y refuerza el rol de la agencia con peritaje en la materia.

El P. del S. 1183, por su parte, propone un cambio mediante la creación de un Código con supremacía sobre otras leyes en caso de conflicto, incluyendo, pero sin limitarse a, leyes que versan sobre temas ambientales de gran importancia para la Isla. ¡Esto es peligroso! Además, reorganiza el sistema otorgándole mayor peso a las certificaciones de profesionales autorizados y criterios estandarizados.

Ese modelo, presentado por la Administración, cambia la forma en que se aplican las salvaguardas ambientales. Y es precisamente ahí donde radica la verdadera preocupación. La historia y la experiencia nos han convertido en testigos de grandes crímenes ambientales que contaban con "certificaciones de profesionales autorizados".

Por nuestra condición de Isla, la evaluación de proyectos en la zona marítimo-terrestre no resulta en un mero trámite ordinario. Requiere planificación, un análisis especializado caso a caso y una base científica sólida. Es un proceso que, por su naturaleza, no se presta a la automatización ni a simplificaciones excesivas. Lo contrario representaría, a la larga, cargas al erario público innecesarias, excesivas e irreales. Por ejemplo, el traslado de diversas comunidades que hoy se están viendo afectadas por una pobre planificación y construcción dentro de la zona marítimo-terrestre y los efectos del cambio climático.

Cuando el sistema se mueve hacia esquemas más estandarizados, con menor intervención técnica directa, se corre el riesgo de reducir ese nivel de escrutinio. No necesariamente por intención, sino por diseño.

Y en la costa, esa diferencia no es menor.

Durante las vistas públicas, quedó claro que ambas propuestas comparten un objetivo legítimo: agilizar el sistema de permisos sin renunciar a la protección ambiental. Sin embargo, también se evidenciaron diferencias sumamente importantes.

Mientras una propuesta aclara y fortalece los mecanismos de protección, la otra introduce cambios estructurales que suavizan lo que deberíamos proteger.

De ahí que, de cara a una posible versión final que integre elementos de ambas, el objetivo debe ser uno: que el lenguaje relacionado con la zona marítimo-terrestre y la protección ambiental se alinee con el estándar que establece el P. del S. 1173, proyecto superior y que, a mi juicio, comprende y respeta mejor el rol y peritaje de las agencias ambientales en Puerto Rico.

En fin, Puerto Rico necesita un sistema de permisos eficiente. Eso es incuestionable. Pero también necesita certeza de que ese proceso no se dará en detrimento de lo que nos pertenece a todos.

Porque, cuando se trata del dominio público, la línea no se puede cruzar ni mover.

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