Por María Soledad Dávila Calero

El proceso para aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, que busca viabilizar el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) propuesto por la Junta de Supervisión y Administración Financiera, tuvo ayer su único día de vista pública de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, mientras que hoy en la mañana se aprobó en la sesión de "mark up" o consideración final y en la tarde se espera que baje al pleno de la Cámara de Representantes para ser avalado.

Actualización: El proyecto se aprobó en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

Durante la vistade ayer, miércoles, se presentaron deponentes en representación del componente fiscal del gobierno, de sindicatos públicos y de organizaciones ciudadanas.

Tracto acelerado

Una de las críticas recurrentes durante la vista no fue sobre el contenido, sino que el proceso ha sido uno muy acelerado ya que el Proyecto de la Cámara 1003 se presentó el lunes, 27 de septiembre, el único día de vistas fue ayer y pasa a votación hoy, 30 de septiembre.

La presidenta de la Federación de Maestros (FMPR), Mercedes Martínez, y la licenciada Eva Prados, portavoz de la Comisión Ciudadana para la Auditoria y Crédito Público, resaltaron que el tiempo dado luego de la convocatoria para la vista no iba a la par con lo denso del contenido del proyecto.

«Esta invitación es a todas luces de carácter proforma, ya que el proyecto llegó a penas dos días antes de esta vista. Esto nos dejó con menos de un día para leer un proyecto de 79 páginas, analizarlo y preparar una deposición sobre el mismo», dijo Martínez.

Prados resaltó que las emisiones de bonos que incluye la medida no tienen evaluación externa y argumentó que esta falta de evaluación fue los que llevó a que legislaturas pasadas a hacer emisiones de deuda indebidas.

Por esa misma línea, el representante del Partido Independentista Puertorriqueño, Denis Márquez Lebrón, cuestionó «si es realmente responsable» considerar la medida sin un análisis de impacto macroeconómico, ya que de aprobarse la medida y luego el PAD, habría que enmendar el presupuesto del gobierno para este año fiscal para incluir el servicio o pago de la deuda.

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El trato a bonistas

Si bien varios de los deponentes se enfocaron en los recortes a las pensiones y el traspaso de empleados a un sistema de retiro de contribución definida, el economista de Espacio Abiertos, Daniel Santamaría Ots, también se adentró en las deficiencias que tiene el PAD presentado por la junta fiscal.

«La junta presenta un plan cuyos datos no han podido ser verificados por ninguna entidad independiente», dijo Santamaría Ots, mientras identificó la falta de confiabilidad en los datos del plan, especialmente cuando no están al día los estados auditados del gobierno.

El economista argumentó que el cálculo que hace la junta fiscal de un recorte de dos terceras partes a los bonos del gobierno central se enfoca en el principal de la deuda, pero no toma en cuenta otros pagos que están considerados bajo el PAD.

Por ejemplo, los instrumentos de valor contingente que implican dar pagos adicionales a los bonistas si aumentan los recaudos de Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Sobre estos pagos adicionales, Santamaría Ots también argumentó que hay una disparidad al calcular pagos adicionales a los bonistas usando de referencia recaudos, mientras que los pagos de restitución de recortes a las pensiones están condicionados a un superávit o sobrante.

Desde el lado del estrado legislativo, la representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), Lourdes Ramos, también criticó que el PAD incluye el pago los bonistas del sistema de retiro, cuando estos bonistas ya han perdido pleitos legales de reclamación de pago.

«¿Estamos autorizando a que la junta le pague $500 millones a los bonistas de retiro que ya han perdido tres veces en Boston?», cuestionó la representante del PNP.

Salida rápida o salida cara

El planteamiento de Ramos sobre los bonos de retiro se trajo durante el primer panel del día con Omar Marrero, como director ejecutivo de la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Parés, secretario de Hacienda, y Juan Carlos Blanco Urrutia, directo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Solo así vamos a poder dejar atrás la quiebra del Gobierno de Puerto Rico y lograr la reducción significativa de dos terceras partes del costo de la deuda pública cada año para garantizar los recursos que necesitamos para servirle bien a nuestro pueblo. (2/3)

— Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) September 30, 2021

Aunque Marrero reconoció que hay un argumento para objetar el pago a los bonistas de los sistemas de retiro del gobierno, entiende que los más acertado es aceptar el PAD para culminar con el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno.

El representante del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, también argumentó a favor de los beneficios de culminar con el proceso de reestructuración de la deuda pública porque, desde su parecer, prolongar el proceso tiene un costo de cientos de millones de dólares anuales y un futuro plan podría ser peor.

En contestación a este argumento, Prados planteó que el pago a largo plazo de un plan de ajuste de deuda que no sea sostenible es más caro que extender el proceso judicial, ya que se está emitiendo bonos que culminarán en el año 2047.

El abogado de quiebras, Rolando Emmanuelli, argumentó que aprobar un PAD insostenible llevará a una segunda quiebra, en la cual los bonistas ya tendrían un derecho propietario sobre el acuerdo de reestructuración, por lo que sería más difícil evitar medidas de austeridad adicionales.

Para sostener su argumento que el PAD llevaría a Puerto Rico hacia una segunda quiebra, Emmanuelli resaltó que los propios documentos de la junta proyectan un déficit fiscal del gobierno para el año 2036.

Las pensiones y el retiro

Trás críticas de diversos sectores, se removió todo lenguaje relacionado al retiro en la medida. Esto lo anunció el representante Santa en la sesión de mark-up, aunque entiende que es un error.

El director ejecutivo de AAFAF indicó ayer que, a grandes rasgos, apoya el Proyecto de la Cámara 1003, tiene enmiendas técnicas al proyecto y se mantuvo en que la posición del Ejecutivo es no hacer recortes a las pensiones.

«Para dejar el récor claro, nuestra posición es que obviamente el asunto de retiro no debe estar incluido en la legislación ni debe estar incluido en el plan de ajuste de deuda. Por eso, lo hemos objetado en el tribunal, porque entendemos que las pensiones se deben honrar tal cual», dijo Marrero.

De las organizaciones representantes de las personas empleadas en el gobierno, el único que avaló la medida fue Servidores Públicos Unidos, representado por Benjamín Borges.

Mientras, la presidenta de la Federación de Maestros y el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves Torres, argumentaron que la legislatura debió haber presentado un proyecto que fuera acorde con la Ley para un Retiro Digno.

En el caso de la Asociación de Maestros, no apoyan el recorte a las pensiones, pero si no se pueden evitar, apoyan el aumento al umbral para los recortes en $2,000.