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Por Daniel Rivera Vargas

En un caso criminal que lleva nueve años dando vueltas en tribunales federales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante su consideración un certiorari sobre un caso que se vio en el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico. Este caso se refiere a hechos que no tuvieron lugar ni en Puerto Rico ni en cualquier otra parte de Estados Unidos, pero que resultaron en el arresto, intervención y encarcelamiento de varios hombres que no son residentes en la jurisdicción federal.

La defensa del acusado en este caso está cuestionando parcialmente la constitucionalidad de la ley federal que facilitó el arresto, argumentando que dicha disposición viola la Constitución de Estados Unidos y contradice la intención de respetar las normas del derecho internacional en asuntos marítimos.

El certiorari presentado por la Oficina del Defensor Público Federal sostiene que el acusado en este caso es Jeffri Dávila Reyes, un ciudadano costarricense arrestado en 2015 junto con otras dos personas por la Guardia Costera de Estados Unidos en un bote que navegaba entre Nicaragua y Costa Rica, es decir, en el lado opuesto del Caribe donde se encuentran los territorios estadounidenses de Puerto Rico e Islas Vírgenes.

Según el certiorari presentado por los abogados de Dávila Reyes, cuando la embarcación de la Guardia Costera se acercó al bote, los ocupantes de la embarcación comenzaron a lanzar paquetes al mar. Aunque cuando los integrantes de la Guardia Costera abordaron el bote no encontraron drogas.

Sin embargo, un análisis químico detectó rastros de cocaína, por lo que los sujetos fueron arrestados, llevados inicialmente a Guantánamo, Cuba y finalmente traídos a Puerto Rico.

«Felonies clause»: su efecto

Los acusados fueron imputados por presuntas infracciones a la Ley de Drogas en el Mar (MDLEA, por sus siglas en inglés), y varios de ellos argumentaron que dicha ley era inconstitucional.

Alegaron que la cláusula de «felonies clause» no otorga al Congreso la autoridad para promulgar leyes que impongan penas a extranjeros que cometan delitos fuera de Estados Unidos, incluso en un barco que no sea propiedad de Estados Unidos. En este caso, ni siquiera estaba claro a qué país pertenecía la embarcación.

Caso federal originado en el archipiélago

El juez del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, Francisco A. Besosa, no llegó a resolver esta controversia porque el acusado y sus cómplices llegaron a un acuerdo de culpabilidad.

Sin embargo, cuando el juez impuso una sentencia de diez años en prisión al acusado Dávila Reyes, apeló la sentencia y alegó que su argumento sobre la inconstitucionalidad de la ley seguía siendo válido debido a su naturaleza jurisdiccional. Argumentó que su acuerdo de culpabilidad no invalidaba su reclamo.

Entonces, el Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston osciló en su posición con respecto al caso. Inicialmente, un panel respaldó la postura del gobierno, pero posteriormente reconsideró su decisión a la luz de nuevas opiniones relacionadas con el tema y revocó la condena del acusado. Sin embargo, el caso fue elevado para la consideración de todos los jueces del Primer Circuito, y aunque tres jueces se mostraron en desacuerdo, se confirmó la validez de la sentencia.

Con estos hechos procesales, la defensa de Dávila Reyes se dirigió ante el Tribunal Supremo federal, argumentando que, de manera similar a lo sucedido en el Primer Circuito, donde hubo idas y venidas de los jueces, existen decisiones contradictorias en otros circuitos federales. Por lo tanto, sostiene que el alto tribunal debería aclarar cuál es la ley aplicable en este caso.

«Esta Petición brinda al Tribunal la oportunidad de decidir si el (estatuto) § 70504(a) impone un límite a la jurisdicción sobre la materia o si simplemente describe el alcance y la aplicación de la MDLEA. La cuestión divide a los tribunales de apelación. Tres circuitos -el Quinto Circuito, el Circuito D.C. y el Undécimo Circuito- sostienen que la jurisdicción de los Estados Unidos sobre un buque en virtud de § 70504(a) supone un límite impuesto por el Congreso a la competencia de los tribunales. El Primer Circuito y el Segundo Circuito interpretan que § 70504(a) no es jurisdiccional. Las cuestiones presentadas son determinantes para el resultado, y críticas para las relaciones internacionales de Estados Unidos», plantea la defensa de Dávila Reyes.

Según el certiorari, el Tribunal Supremo federal no solo debe intervenir para aclarar cuál es el estado del derecho aplicable en medio de estas decisiones contradictorias de los circuitos, sino que también debe pronunciarse sobre lo que consideran la inconstitucionalidad de la ley federal MDLEA. Esta ley permite que se aplique a embarcaciones que no tienen claramente definido el país al que pertenecen, lo cual, según argumentan, va en contra de la intención de los padres fundadores de la Constitución de respetar normas internacionales.

«Estados Unidos no puede conforme a la Constitución arrestar a extranjeros en buques extranjeros basándose en un concepto de ausencia de país que entra en conflicto con el derecho internacional», plantea el certiorari, citando una de las decisiones del Primer Circuito.

También el recurso al Supremo federal cuestiona la decisión de la fiscalía federal de buscar nuevas teorías legales luego de que tenía un acuerdo con los acusados.

Esto viola principios contractuales porque al momento se aceptó un grupo de hechos que se presentaron en ese momento, y el cambio representa por «ambigüedad» que debe resolverse a favor del acusado, se indicó.

El certiorari se presentó la semana pasada y el gobierno federal aún no se ha expresado. La inmensa mayoría de los recursos de certiorari que son presentados al Supremo son denegados, pero si el Supremo federal resolviera atender el certiorari -la decisión debería conocerse antes de junio- no sería hasta la próxima sesión que podría bajar una decisión del alto foro.