La procuradora general federal, Elizabeth B. Prelogar, solicitó una extensión al plazo para presentar su escrito de apertura y su apéndice en el caso del Seguro Social Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) que está ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU).

Prelogar solicitó que prorrogue el término hasta el 7 de junio de 2021. También solicitó que el plazo de Jose Luis Vaello-Madero para presentar su escrito se extienda hasta el 30 de agosto de 2021.

Este caso es una impugnación que llevó el gobierno federal al Tribunal Supremo para que las personas que residen en Puerto Rico sigan excluidas del programa de SSI.

Al momento, la representación legal de Vaello-Madero, según la procuradora general, está de acuerdo con las solicitudes de prórrogas.

Sin embargo, esta no es la primera prórroga que el gobierno de Estados Unidos solicita, a través de la Procuraduría General, una extensión en su término para el caso.

El 22 de marzo de 2021 el Tribunal Supremo prorrogó el plazo de la Procuraduría para presentar su escrito de apertura y su apéndice conjunto hasta el 1 de junio de 2021 y el plazo de Vaello-Madero hasta el 16 de agosto de 2021.

La concesión surge porque la Procuraduría General solicitó la extensión hasta el 1 de junio de 2021.

Contexto del caso

El 1 de marzo de 2021, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció que atendería US v. Vaello-Madero.

En entrevistas pasadas con Microjuris.com, personas expertas en el tema señalaron que el Supremo Federal estaba dilatando el proceso para atender Vaello-Madero por deferencia al nuevo gobierno de Joe Biden, que prometió en campaña que retiraría la impugnación que presentó la administración de Donald Trump para que el Supremo de Estados Unidos no tuviese que revisar la controversia.

¿Qué está en controversia?

La pregunta que atenderá el TSEU es si el Congreso violó el derecho a la igual protección de las leyes  cuando decidió que el SSI estaría disponible para las personas que residen en los 50 estados, en Washington DC y en las Islas Marianas, pero no para quienes residen en Puerto Rico.

¿Qué está en juego?

El Policy Basics: Aid to the Aged, Blind and Disabled del Center on Budget and Policy Priorities publicó un documento que expone cómo Puerto Rico tiene una serie de limitaciones a la hora de acceder a la red de ayudas socioeconómicas de Estados Unidos, que en algunos casos los residentes del archipiélago tienen un acceso parcial, o está totalmente excluidos, como es el caso del SSI.

«El principal hallazgo es que hay una disparidad enorme en los dos programas que verdaderamente no se justifica, y Puerto Rico —como territorio o estado— tiene un grado enorme de pobreza que ronda el 44% de la población, lo que es mucho más alto que el promedio nacional de Estados Unidos, que es casi 11%», afirmó previamente a Microjurus.com el analista de políticas públicas de Puerto Rico para el CBPP, Javier Balmaceda.

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