El Poder Judicial de Puerto Rico formalizó un acuerdo de colaboración con el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), mediante el cual se ampliarán los servicios de intercesoría legal dirigidos a personas adultas mayores que participan en procesos judiciales de naturaleza civil. La iniciativa se implementará a través del Centro Integral de Apoyo a Víctimas (CIAV) de la Escuela de Derecho de la UPR.

Alcance del acuerdo interinstitucional

El acuerdo tiene como finalidad fortalecer los mecanismos institucionales de apoyo a personas adultas mayores que enfrentan procesos judiciales, particularmente en asuntos relacionados con maltrato, órdenes de protección y otras reclamaciones contempladas en la legislación vigente.

La intercesoría legal comprende servicios de orientación y acompañamiento, dirigidos a facilitar la comprensión de los procedimientos judiciales y a apoyar el trámite efectivo de los reclamos ante los tribunales. Este acompañamiento no sustituye la representación legal, sino que procura reducir barreras de acceso, especialmente en contextos donde pueden concurrir factores de vulnerabilidad asociados a la edad.

El Director Administrativo de los Tribunales, Hon. Sigfrido Steidel Figueroa, indicó que el aumento en la población de personas adultas mayores exige el desarrollo de estrategias institucionales que atiendan la creciente demanda de servicios dirigidos a este sector. Según expresó, el acuerdo con la Universidad de Puerto Rico fortalece los mecanismos para promover la protección efectiva de esta población y ampliar las alternativas de orientación y apoyo dentro del sistema judicial.

Marco legal y protección de personas adultas mayores

En el ordenamiento jurídico puertorriqueño, la protección de las personas adultas mayores responde a un andamiaje legal que reconoce su derecho a la dignidad, seguridad y acceso efectivo a la justicia. Diversas disposiciones legales atienden situaciones de maltrato, negligencia, explotación financiera y violencia, así como la expedición de órdenes de protección en escenarios de riesgo.

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En los procesos civiles relacionados con estas materias, la comprensión adecuada de los trámites procesales —incluyendo la radicación de recursos, la comparecencia a vistas y el cumplimiento con términos jurisdiccionales— resulta determinante para la tutela efectiva de derechos. En este contexto, la intercesoría legal se configura como un mecanismo complementario que facilita la interacción de la persona adulta mayor con el sistema judicial, sin menoscabo de las garantías procesales aplicables.

La iniciativa se inserta dentro de la política pública de promover un acceso a la justicia que sea no solo formal, sino materialmente efectivo, particularmente para sectores que enfrentan barreras estructurales, económicas o sociales.

Regiones judiciales y centros donde se ofrecerán los servicios

Los servicios de intercesoría estarán disponibles en varias dependencias judiciales, conforme a la siguiente distribución territorial:

Esta cobertura inicial permite atender tanto áreas metropolitanas como municipios de la zona norte y oeste de la Isla, ampliando el alcance geográfico de la iniciativa.

Participación del CIAV y financiamiento del proyecto

La intercesoría será brindada por la licenciada Anabel González Varela, adscrita al Centro Integral de Apoyo a Víctimas de la Escuela de Derecho de la UPR. El proyecto se desarrolla como parte de una iniciativa subvencionada mediante la beca Charles Hey Maestre del Fondo de Acceso a la Justicia.

El CIAV ha desarrollado programas orientados a ofrecer apoyo interdisciplinario a víctimas en procesos judiciales, integrando componentes de asesoramiento legal y acompañamiento institucional. La colaboración con el Poder Judicial formaliza un canal de coordinación directa que facilita la prestación de estos servicios dentro de los espacios judiciales.

Desde la perspectiva institucional, la participación de la academia jurídica en este tipo de acuerdos promueve la integración de recursos especializados al servicio público judicial, a la vez que fortalece el componente formativo y de servicio de la Escuela de Derecho.

Acceso efectivo a la justicia y poblaciones vulnerables

El acceso a la justicia constituye un principio rector del sistema judicial puertorriqueño. No se limita a la existencia de tribunales abiertos, sino que comprende la eliminación de obstáculos que puedan impedir que una persona haga valer sus derechos en condiciones de igualdad.

En el caso de las personas adultas mayores, tales obstáculos pueden manifestarse en limitaciones de movilidad, dificultades en la comprensión de procedimientos complejos, dependencia económica o situaciones de violencia o maltrato intrafamiliar. La intercesoría legal, en este contexto, opera como un instrumento de apoyo que contribuye a garantizar que las actuaciones procesales se desarrollen con información adecuada y con el acompañamiento necesario.

Con la formalización de este acuerdo, el Poder Judicial reafirma su compromiso con el fortalecimiento de alianzas interinstitucionales orientadas a ofrecer un acceso más humano y efectivo a la justicia, particularmente para sectores en condición de vulnerabilidad. La iniciativa también refleja una respuesta estructurada al cambio demográfico que experimenta Puerto Rico y a la necesidad de adaptar los servicios judiciales a esa realidad social.

La implementación de este programa en varias regiones judiciales representa un paso adicional en la consolidación de políticas públicas dirigidas a robustecer la protección jurídica de las personas adultas mayores y a promover una administración de justicia sensible a sus necesidades específicas.