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Por María Cristina Mayoral Maldonado, Esq., LLM

Nuestra contestación a esa pregunta es en la afirmativa. Como cuestión de hecho, el marco regulatorio del sistema bancario en Puerto Rico ha sido establecido por el Congreso de los Estados Unidos y sus respectivas agencias federales. Esto a su vez, aporta o contribuye en gran medida al sistema financiero de la Isla. Tratándose de un aspecto federal, la legislatura estatal no está facultada a intervenir en las áreas de reglamentación de la industria debido a que es campo ocupado. Ciertamente existe legislación estatal para regular ciertas áreas no ocupadas y relevantes en el sistema financiero de las instituciones financieras.

El sistema financiero de Puerto Rico está compuesto por instituciones financieras, mercados financieros, instrumentos financieros, servicios financieros, entre otros componentes financieros que están fuertemente regulados por las leyes y regulaciones federales aplicables de los Estados Unidos. Podemos decir que estas leyes y reglamentos tienen el efecto de regular a las operaciones de las instituciones financieras, proteger los derechos del consumidor y a su vez, asegurar un ambiente propicio para el pleno desarrollo de los mercados.

Estas regulaciones financieras y bancarias también han contribuido, significativamente a nuestro juicio, a la seguridad, confianza y solidez de las operaciones bancarias en Puerto Rico.

En ese sentido, es importante señalar que uno de los objetivos importantes de las regulaciones bancarias y financieras es fomentar la estabilidad y protección del sistema financiero, así como el aumento de la confianza pública en el sistema bancario. De hecho, las salvaguardas y garantías otorgadas por las leyes federales otorgan derechos a los consumidores, así como fomentan la estabilidad a los inversionistas e instituciones financieras, lo que se traduce en un aumento de la confianza pública general tanto para los consumidores como para los propios inversionistas financieros.

¿Cuáles son algunas de las leyes federales más significativas que impactan a los consumidores en Puerto Rico?

Actualmente, las personas que habitan en Puerto Rico están actualmente protegidos por las leyes estadounidenses que brindan derechos, salvaguardas y debido proceso a las transacciones de los consumidores. Esto se debe a la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico toda vez que para estos fines podríamos ser considerados o tratados como un estado. De no tener estar relación estaríamos desprovistos de las algunas de las leyes que mencionaremos en adelante.

Algunos ejemplos de las regulaciones que brindan protección a los consumidores que actualmente aplican en Puerto Rico son la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA -1974), la Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces, la Ley de Veracidad en los Préstamos (TILA -1968), la Ley de Procedimientos de Liquidación de Bienes Raíces (RESPA – 1975), Fair Credit Act (FCA-1974), Fair Credit Collection Procedures Act (FCPA-1978), The Wall Street Reform Act (Dodd-Frank Act – 2010), entre otras.

Aunque algunas personas podrían inferir de esta postura indicando que se aplicarían sin importar la relación entre Estados Unidos y PR lo cierto es que también estaríamos desprovistos del regulador conocido como el FDIC.

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés), una agencia independiente creada por el Congreso para mantener la estabilidad y la confianza pública en el sistema financiero de la nación, juega un papel muy importante en la protección de los depósitos de los consumidores financieros. Como recordaran, Puerto Rico experimentó el cierre de varios bancos importantes que estaban sujetos al FDIC. El papel de la FDIC ha sido crucial para mantener y preservar la confianza del público en la industria bancaria en todos los Estados Unidos.

¿Cómo podrían afectarse los derechos del consumidor con una relación política y económica distinta entre Puerto Rico y los Estados Unidos?

Como hemos mencionado, este marco regulatorio nos ha servido de garantía y significativa protección a los derechos de los consumidores. Sin embargo, sería interesante evaluar las alternativas que tendrían los consumidores en Puerto Rico en caso de no existir la relación actual con los Estados Unidos de América. Algunas de las preguntas a contestarnos serian, ¿Podrán los reguladores estatales hacer cumplir las leyes estatales? ¿Podrían basar su operación con la legislación federal, aunque no nos aplique? Entiéndase esto como una buena práctica. ¿Tendrán los reguladores estatales los fondos disponibles para una operación regulatoria adecuada? ¿Podrán los reguladores estatales garantizar hasta $250,000? Cabe señalar, que el regulador de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico (COSSEC) tiene esa garantía, pero ¿podrá hacer lo mismo la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico?

Este asunto nos trae a la atención revisar si las instituciones financieras estarán sujetas a diferentes regulaciones y si los derechos de los consumidores estarán afectados adversamente. Esto sin incluir el impacto directo de la operación ordinaria del sistema financiero, las instituciones financieras, los consumidores y el mercado ante la falta de legislación y estructura federal. Es preciso señalar, que estamos discutiendo este aspecto de forma general respecto a los consumidores, pero de igual forma pudiésemos entrar en otras consideraciones

Esta columna tiene el propósito de comenzar la discusión del efecto legal y las consideraciones de un sistema financiero y bancario bajo el sistema actual versus un sistema financiero distinto ya sea bajo la independencia o la libre asociación, Puerto Rico. Como saben un panorama legal y sistema financiero distintos podría repercutir en todo el sistema financiero de PR toda vez que las leyes y salvaguardas de los Estados Unidos estadounidenses no aplicarían. De igual forma, la inversión de capital podría verse afectada porque tendríamos un sistema regulatorio distinto y su confiabilidad se tendría que corroborar con el transcurrir del tiempo. Por tal razón, esto nos plantea varias preguntas, preocupaciones y desafíos para el sistema bancario y financiero que afectarían tanto a los consumidores como el comercio general.

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