El Tribunal Supremo de los Estados Unidos emitió una decisión que incide sobre la privacidad de los ciudadanos en temas de tecnología. El Tribunal Supremo decidió que la policía debe obtener una orden judicial para poder registrar el contenido de los celulares de sujetos a quienes se ha arrestado.

• Descarga y lee la opinión del Tribunal Supremo federal acerca de registros de teléfonos móviles – Riley v. California (*.PDF)

La decisión en este caso, promovido por organizaciones de libertades civiles como prueba crucial de los derechos personales a ser protegidos contra la intrusión del gobierno, fue pronunciada por los nueve jueces de forma unánime. La opinión, a cargo del Juez Presidente Hon. John Roberts, reconoció que los dueños de celulares "mantienen en su persona un récord digital de casi todo aspecto de su vida" que puede develar un único y gran volumen de información personal si es investigado.

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"Los celulares modernos no son sólo otra forma de conveniencia tecnológica. Con todo lo que contienen, y todo lo que pudieran revelar, estos guardan las vidas privadas de muchos americanos", expresó Roberts en su opinión.

El Juez Presidente también expresó que: «El hecho de que la tecnología actual permita que un individuo pueda llevar esa información en la mano, no hace que la información sea menos digna de la protección para la cual los fundadores lucharon. Nuestra respuesta a la pregunta de lo que la policía debe hacer antes de investigar un incidente en que se haya incautado un teléfono celular a una detención es sencilla – obtengan una orden judicial».

Los jueces consideraron para su decisión dos casos relativamente separados sobre dos hombres cuyos celulares incautados fueron investigados luego de sus arrestos en California y Massachussets. Ambos hombres fueron convictos de crímenes luego de que información que la policía recuperó de sus teléfonos les dirigiera a otro tipo de evidencia.

El Tribunal coincidió con los argumentos de los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y del Centro Informativo de Privacidad Electrónica, quienes argumentaron que estos registros de celulares sin orden judicial no son permitidos bajo la Cuarta Enmienda que protege a los ciudadanos americanos contra los registros irrazonables.

Los opositores argumentaron que la policía podía registrar el contenido digital de los celulares en la misma forma en que están autorizados a manejar diarios o fotografías que se recuperen en poder de la persona que se arreste, en el momento de su arresto.

Steven Shapiro, director nacional de la ACLU, denominó la decisión como "revolucionaria" y dijo que la misma ayudaría a los a proteger la privacidad de todos los estadounidenses.