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Por Daniel Rivera Vargas

Poco menos de una veintena de puertorriqueños podría ser considerados para casos de pena de muerte en Puerto Rico, esto a la luz de las políticas de la administración Trump.

Según el presidente de la Comisión sobre Pena de Muerte del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Kevin Miguel Rivera Medina, la postura Trump no solo se enfoca en delitos que se puedan cometer bajo su mandato, sino contra acusados que habían sido descartados como casos de pena capital, pero ahora enfrentan nuevamente la posibilidad de encarar esos procesos. 

El letrado, quien como representante del Colegio es integrante del comité timón de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, dijo que es por esto que, después de muchos años , en Puerto Rico hay numerosos casos que podrían convertirse en juicios de pena de muerte. "Estamos muy cercanos, es nuestro entender", indicó. 

El que te consideren para ser ejecutado no quiere decir que enfrentes un juicio de pena capital. La ley federal de Pena de Muerte -que es la que aplica a Puerto Rico- enumera una serie de delitos como elegibles a pena de muerte. Sin embargo, no se procesan de inmediato  porque hay una evaluación de un comité de Pena Capital del Departamento de Justicia de Estados Unidos que decide si se va a "buscar" (seek) o no la pena de muerte para ese sospechoso.

Aunque bajo la administración Biden hubo una moratoria a la pena capital, incluso fueron indultados casi todos los condenados a esta pena a nivel federal, una de las primeras directrices ejecutivas firmadas por Trump a su retorno a la Casa Blanca el pasado 20 de enero se llama "Restaurando la Pena de Muerte y Protegiendo la Seguridad Pública".  Entre sus premisas está el levantar la moratoria de Biden.

"La pena capital es una herramienta esencial para disuadir y castigar a aquellos que cometen los crímenes más espantosos y actos de violencia letal contra ciudadanos de Estados Unidos", comentó Bush.

Restoring The Death Penalty And Protecting Public Safety – The White House

Entonces, luego de la orden de Trump, la Procuradora General de Estados Unidos, Pam Bondi emitió un memorando llamado "Reviviendo la Pena de Muerte y Levantando la moratoria a ejecuciones federales".  En ella, se instruye al Comité de Revisión de Casos de Pena Capital revertir casos determinados bajo la administración Biden como que no se buscaría (no seek) la pena de muerte, para procesarlos para buscar la ejecución a esos acusados.

"A lo largo de gran parte de sus casi 155 años de historia, los fiscales de carrera y los dirigentes políticos del Departamento de Justicia han conseguido, como era de esperar, que se dictaran sentencias federales de muerte contra los peores delincuentes", lee el memorando de Bondi.

Algunos casos

Rivera Medina mencionó que hay puertorriqueños en tres grupos que pueden ser evaluados para pena de muerte bajo la administración Trump:

1. Primero, aquellos que fueron declarados "no seek" bajo Biden.
2. Segundo, aquellos que cometieron los hechos bajo Biden pero que no llegaron a la etapa de recibir un "no seek" de ese presidente y los que han cometido delitos que cualifican para pena capital bajo la administración Trump.

Aún no ha habido formalmente anuncios de cuáles casos podrían terminar en juicios de pena capital, pero ya ha trascendido uno donde Justicia federal ha dicho que revirtió el "no seek", destacó Rivera Medina. Los acusados aquí son Nelson Torres Delgado -conocido como "el Burro"- y la de Edwin Padilla López, imputados del asesinato de cinco personas; incluyendo una maestra retirada Margarita Rodríguez Morales en una balacera el 15 de mayo del 2022 en Caguas.

Otros casos que podrían ser elegibles a la pena de muerte son José Martínez Serrano y Edwin Yadiel Flores Tavárez por el secuestro y asesinato el 25 de julio de 2023 en Piñones de Nahia Paola Ramos López y Tanaisha de Jesús Curet -de 13 y 15 años de edad, respectivamente. Otro posible caso en esa veintena sería Luis Nomar Isaac Sánchez -intérprete de la música urbana conocido como CDobleta- y otros tres individuos por matar el 29 de marzo del 2024 al agente de la Policía Eliezer Ramos Vélez.

El licenciado comentó que son crímenes horribles que estremecen a la sociedad, pero la pena de muerte no es la solución. Entre las razones que compartió, destacó poner en manos del estado el poder de matar a alguien, en algunos casos injustamente, el encarecimiento del costo para el estado porque los imputados terminan recibiendo abogados y expertos adicionales, y alargar el tiempo de espera de las víctimas sobrevivientes de los crímenes porque los casos de pena de muerte son mucho más largos que los normales.

"Si familiares de las víctimas estaban esperando un juicio pronto, eso no va a pasar", sostuvo Rivera Medina.

"La justicia no puede ser sinónimo de venganza. Como sociedad no podemos enseñar que matar es malo, pero en el sistema de justicia hacemos eso", reflexionó Rivera Medina.

Esto que está ocurriendo en Puerto Rico y Estados Unidos ocurre en momentos en que a nivel internacional se ha visto un aumento en las ejecuciones, aunque paradójicamente hay una reducción en el número de países con pena capital, dijo Rivera Medina. 

"El año pasado hubo ejecuciones en 15 países, pero fue un 32% mayor que en el 2023", mencionó Rivera Medina.

La discrepancia surge porque en algunos de los países con pena de muerte se ha visto un alza en las ejecuciones como es Irán, Arabia Saudí, Egipto y Estados Unidos, donde bajo la primera administración Trump hubo 13 ejecuciones, la mayor cantidad en 60 años.

A pesar del alza de sectores conservadores como el de la administración Trump, en otras partes del mundo esto no necesariamente ha redundado en que esos países -como El Salvador y Argentina- hayan adoptado la pena capital, ya sea por tratados internacionales que los limitan o porque entre egrupos conservadores también hay oposición a la pena de muerte.

"Tenemos derechas bien conservadoras conscientes que la pena de muerte no ayuda contra la criminalidad y que no es cónsono con valores conservadores como dejar en manos del estado decidir si un ciudadano va a vivir o morir", dijo Rivera Medina.

En el caso de Estados Unidos, ya se ha cuestionado por abogados de defensa los primeros casos de "no seek" de Biden revertidos por Trump. Dijo que no se ha hecho en todas las jurisdicciones porque, opinión, la administración puede estar buscando el circuito apelativo que más favorezca el revertir estos casos de pena de muerte.

¿Qué pasará en Puerto Rico si llega un nuevo juicio de pena de muerte?

Rivera Medina entiende que hay un nivel de consciencia en el pueblo, una idiosincrasia cultural que quizás permita que sea rechazado, a pesar de la gravedad de algunos hechos. Dijo, por ejemplo, que tan reciente como en 2019 hubo una resolución del Senado en la que todo el espectro político del país se expresó en contra de la pena de  muerte durante la conmemoración del 90 aniversario de la ley estatal en contra de la pena de muerte de Puerto Rico.

Pero, para las organizaciones abolicionistas, la realidad es que lo que les corresponde es seguir trabajando, para informar y educar en contra de la pena capital, afirmó.