Por Daniel Rivera Vargas

La incertidumbre sobre el cierre del escrutinio de las elecciones de 2024 no debe ser un obstáculo para que, conforme al mandato constitucional, la gobernadora y la legislatura electas en los pasados comicios generales asuman sus funciones el próximo 2 de enero.

Así lo expresó Erick J. Vázquez González, asesor legislativo en el Senado de Puerto Rico, destacando la importancia de garantizar la continuidad gubernamental independientemente del proceso electoral en curso.

La Constitución de Puerto Rico establece claramente en la sección 2 del artículo IV y la sección 8 del artículo III que el mandato tanto de los legisladores como de los gobernadores comienza el 2 de enero. Esta disposición garantiza la continuidad gubernamental, independientemente del estado del escrutinio electoral.

El voto: un derecho universal, igual, directo y secreto

Tradicionalmente, para esa fecha, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) ya ha completado el proceso de escrutinio. Sin embargo, este año, la lentitud en el trámite ha generado preocupación, especialmente en la ciudad capital, donde hay cinco precintos y por donde históricamente inicia el conteo. Este retraso ha sido cuestionado públicamente, como lo hizo recientemente Manuel Natal, excoordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, quien expresó su inquietud en redes sociales sobre la demora del proceso.

«El escrutinio general comenzó hace 21 días con el precinto 1 de San Juan. Tres semanas después, no se ha culminado ni un solo precinto de San Juan», dijo Natal en la red social X.

Puerto Rico se divide en 40 precintos, y en ninguno de esos precintos, o incluso en ninguno de los 78 municipios la CEE ha logrado certificar ni un solo resultado.

A pesar de las críticas sobre la lentitud del proceso de escrutinio, el licenciado expresó su confianza en que la CEE logrará completar el conteo antes del 2 de enero, tal como lo exige la Constitución.

Vázquez, quien imparte cursos sobre asuntos legislativos y es conferenciante en diversas áreas del derecho, subrayó que la experiencia y el compromiso del organismo electoral serán clave para garantizar que los nuevos legisladores y la gobernadora electa puedan asumir sus funciones en la fecha establecida.

«Yo creo genuinamente que la Comisión Estatal de Elecciones previo al 2 de enero va a tener un escrutinio finalizado».

El licenciado Vázquez fundamenta su confianza en que el proceso de escrutinio se completará a tiempo en dos razones clave. En primer lugar, destacó que los organismos electorales de Puerto Rico siempre han cumplido con la fecha constitucional del 2 de enero, incluso en contextos de extrema complejidad. Como ejemplo, mencionó la elección de 1980, la más cerrada en la historia de la isla, en la cual Carlos Romero Barceló venció a Rafael Hernández Colón por un margen de apenas 3,037 votos.

Ese proceso, recordado por el término «Valencia» debido a la ubicación de las oficinas de la CEE en aquel entonces, fue objeto de intensas controversias judiciales. Sin embargo, a pesar de los retos legales y logísticos, el escrutinio se completó de manera oportuna, reforzando su confianza en la capacidad del sistema electoral para enfrentar desafíos similares en el presente.

El mecanismo de nominación directa (“write-in”) en el derecho electoral puertorriqueño

Entre las decisiones judiciales relevantes mencionadas, el licenciado Vázquez destaca el caso Partido Popular Democrático v. Gerineldo Barreto, administrador de la Comisión Estatal de Elecciones, 110 DPR 376, como un precedente significativo en la historia electoral de Puerto Rico. En este fallo, el Tribunal Supremo ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones establecer un plan que proporcionara «tranquilidad al pueblo» en medio de un clima de alta tensión política y social.

Vázquez subrayó la vigencia de una frase incluida en esa decisión: «El país está atravesando momentos de gran dificultad y tensión.» Según él, estas palabras resuenan con fuerza en el panorama actual, donde las dudas sobre la agilidad del escrutinio reflejan una situación similar de incertidumbre y presión social.

Otro factor que refuerza la confianza del licenciado Vázquez es su experiencia directa en procesos de escrutinio, lo que le permite señalar una dinámica importante: el ritmo del conteo puede ser mucho más rápido de lo que reflejan las actualizaciones públicas.

Explicó que, aunque la página web de la CEE puede no mostrar avances significativos en algunos precintos, es probable que muchos de ellos ya hayan sido contabilizados «en el piso» del centro donde se realiza el escrutinio.

La falta de actualización inmediata en el sistema de computadoras podría dar una percepción de lentitud, cuando en realidad el proceso está más avanzado de lo que parece. Este conocimiento interno de los mecanismos electorales añade una perspectiva optimista sobre la capacidad de la CEE para cumplir con los plazos establecidos constitucionalmente.

En el caso de que no se emita una certificación final para el 2 de enero debido a la falta de culminación de los trabajos electorales, el licenciado Vázquez explicó que existe una solución viable: utilizar la certificación preliminar que la CEE emitió el día de las elecciones. Según Vázquez, no habría impedimento legal para que tanto la gobernadora electa, Jenniffer González, como los legisladores electos, sean juramentados en base a esa certificación preliminar.

Este mecanismo, aunque excepcional, permitiría cumplir con el mandato constitucional de garantizar la transición y el inicio de funciones de las nuevas autoridades en la fecha estipulada. Este enfoque resalta la flexibilidad del sistema electoral para responder a escenarios imprevistos sin comprometer la estabilidad gubernamental.

Se trataría ciertamente de una situación que no ha ocurrido antes, pero que en opinión de Vázquez no debe frenar el trámite constitucional que provee la fecha del 2 de enero para el inicio del término de los funcionarios electos.

El licenciado Vázquez destacó que el sistema electoral está diseñado para corregir errores, incluso después de la juramentación de los electos. Para ilustrarlo, mencionó el caso de Fernando Tonos, un legislador que en las elecciones de 1980 juramentó como representante sin cumplir con la edad mínima requerida por la Constitución, que es de 25 años. Tonos tenía solo 24 años en ese momento, lo que representaba un incumplimiento técnico.

Este ejemplo subraya que, aunque puedan ocurrir situaciones irregulares o errores, existen mecanismos para remediarlos sin comprometer la legitimidad del proceso electoral ni la continuidad gubernamental. Según Vázquez, esta capacidad de ajuste del sistema brinda confianza en que, aun en escenarios complejos, el mandato constitucional puede cumplirse de manera efectiva.

El licenciado Vázquez, hablando en su capacidad personal y no en representación de su patrono, señaló el caso de Fernando Tonos como un ejemplo histórico relevante sobre la flexibilidad del sistema legislativo y judicial de Puerto Rico. Tras una investigación de una comisión especial legislativa, que examinó discrepancias en los documentos de nacimiento de Tonos originados en su natal República Dominicana, y un proceso judicial que llegó al Tribunal Supremo (111 DPR 546), se determinó que Tonos no debió haber juramentado debido a que no cumplía con la edad constitucional requerida. Por ello, fue destituido de su escaño y sustituido, aunque posteriormente regresó al cargo.

Sin embargo, su carrera política terminó empañada, ya que durante su término legislativo fue encarcelado por cometer ilegalidades.

El licenciado Vázquez identifica dos factores clave que podrían estar causando el retraso en el escrutinio electoral. En primer lugar, mencionó la gran cantidad de votos de nominación directa solicitados por figuras como el líder comunitario Eliezer Molina, el profesor y senador Rafael Bernabé, y la abogada y legisladora Margarita Nogales. Esta modalidad de voto, que permite a los electores seleccionar candidatos que no están en las listas tradicionales, ha incrementado significativamente la complejidad del conteo.

En segundo lugar, Vázquez señaló el incumplimiento del calendario electoral, especialmente en relación con el voto adelantado. Este tipo de voto se detuvo temprano el día de las elecciones, a las 5:00 p.m., lo que provocó que muchos de estos votos, que deberían haberse considerado como adelantados, terminaran siendo contabilizados como votos retrasados. Este desajuste en la programación ha generado dificultades adicionales en el proceso de escrutinio.

Estos factores, junto con las tensiones en el proceso electoral, contribuyen a la lentitud en la finalización del escrutinio y al aumento de incertidumbre.

«La preocupación de que no se termine de contar me duele decirlo pero es por una gerencia (electoral) que ha sido ineficiente a la hora de ejecutar», indicó Vázquez.