El proceso de vista públicas iniciará el lunes, 27 de octubre de 2014 y se extenderá hasta el sábado, 1 de noviembre de 2014.

Miembros de la Comisión Conjunta Permanente de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y para la Reforma de las Leyes Penales, presentaron la semana pasada el Proyecto del Senado 1210 y el Proyecto de la Cámara 2155 para la revisión del Código Penal. Con dichos proyectos desean "atemperar el Código a las realidades sociales, al mandato constitucional a la rehabilitación, al compromiso programático contraído con el pueblo y a las necesidades actuales del país. Con la radicación y el anuncio, inicia la etapa formal de consideración en vistas públicas del proyecto que adoptaría enmiendas al Código Penal de 2012".

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Fueron los copresidentes de la Comisión Conjunta, el representante Luis Vega Ramos y el senador Miguel A. Pereira, quienes presentaron el proyecto junto a los profesores de derecho penal Dora Nevares-Muñiz y Luis Ernesto Chiesa, quienes han brindado apoyo y asesoría en la redacción de un borrador de enmiendas técnicas y sustantivas al Código Penal vigente.

La propuesta anunciada establece un sistema de penas proporcionales a la severidad de los delitos, utilizando el derecho comparado, la experiencia histórico-legal en Puerto Rico y estudios empíricos. Se proponen alternativas viables para promover el mandato constitucional a la rehabilitación de las personas sentenciadas mediante la integración de un sistema de alternativas a la pena mientras mantiene la alternativa de la reclusión carcelaria para los delincuentes que constituyen peligro para la vida, la integridad física o emocional, la propiedad o la seguridad social.

Las enmiendas al código atienden además, el serio problema de hacinamiento que enfrentan las instituciones correccionales del país y busca posibilitar el acceso a programas de rehabilitación. Restituye la discreción judicial bajo criterios claros para ejercer la misma. Proporciona la certeza al sistema de justicia, toda vez que la pena impuesta proveerá una notificación adecuada sobre el tiempo real que cumplirá el autor de delito, descartando las bonificaciones automáticas que tanta incertidumbre y desasosiego han creado entre nuestros ciudadanos.

Las enmiendas son de conformidad con los planteamientos hechos por los Departamentos de Corrección y Justicia en el contexto del caso Morales Feliciano. En una reciente moción presentada por ambos departamentos ante el Tribunal Federal en donde se asevera:

«El recién adoptado Código Penal de Puerto Rico ha limitado significativamente la posibilidad de que los reclusos participen en programas de desvío… además, ha habido un aumento en las medidas disciplinarias que, a su vez, han resultado en el aumento de las sentencias de forma tal que complica la situación de las facilidades".

En torno a las penas, bajo las enmiendas propuestas se reincorpora la pena de restricción terapéutica, como medida rehabilitadora bajo un modelo de justicia para adictos. La rearticulación de las escalas de las penas tiene el propósito de hacerla más sencilla y manejable. En el Código del 2012 existe un sistema de 14 escalas de penas distintas donde la proporcionalidad de penas entre unos delitos y otros, no es la adecuada. Este proyecto propone un esquema de seis (6), que guardan proporcionalidad más adecuada entre los distintos delitos existente en el abanico de conducta criminal.

"La abrumadora mayoría de la conducta criminal que se lleva a cabo en Puerto Rico está directamente vinculada al mercado ilícito de las? drogas y debemos concentrar nuestra energía en atacar y poner recursos en el procesamiento criminal y el encausamiento de las personas que están en esa industria. Debemos penalizar al que se lucra del tráfico y no al usuario", expresó el senador Miguel A. Pereira. "Este Código es un esfuerzo mayor y encomiable que resultará en una estructura útil y coherente", añadió Pereira.

Los legisladores enfatizaron que las enmiendas a la Ley de Armas aprobadas el año pasado han sido muy exitosas en detener e ingresar a personas que transitan con armas de fuego ilícitas en nuestras calles. Por ello, es necesario atemperar el Código Penal y la situación carcelaria a la realidad que desde la aprobación de dicha ley son más las personas ingresadas a la cárcel por serias violaciones a la Ley de Armas.