El Canon 1 del Código de Ética Profesional que regula el ejercicio de la abogacía constituye como una obligación fundamental el que todo abogado y abogada garantice que toda persona tenga acceso a una representación capacitada, íntegra y diligente. Además explica que «en la consecución de este objetivo el abogado debe aceptar y llevar a cabo toda encomienda razonable de rendir servicios legales gratuitos a indigentes, especialmente en lo que se refiere a la defensa de acusados y a la representación legal de personas insolventes».

Continúa: «La ausencia de compensación económica en tales casos no releva al abogado de su obligación de prestar servicios legales competentes, diligentes y entusiastas. También es obligación del abogado ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos».

Luego de años de creación y arduo trabajo, este pasado martes se presentó en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico el estudio, titulado La prestación de servicios legales pro bono y el acceso a la justicia. El proyecto, fue realizado en conjunto con la Fundación Estudios Técnicos, Inc. y dirigido por la profesora y licenciada Ana Matanzo Vicens en coordinación con la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, la licenciada Mariluz Jiménez.

De interés: Q&A con la la profesora y licenciada Ana Matanzo Vicens (29 de octubre de 2013)

La investigación tenía como objetivo esencial analizar la situación de la abogacía en Puerto Rico, en relación con el Canon 1, que constituye como obligación la prestación de servicios pro bono.

La actividad fue inaugurada por la estudiante probonista Natalia Galíndez, quien citó palabras del juez Jaime Fuster sobre la necesidad que tienen los juristas de cuestionarse su rol como abogados. Galindez explicó que en el mismo espíritu de Fuste, la investigación que estuvieron realizado, promovería un estudio sobre la profesión y las formas de mejorar la positivamente.

Durante la actividad, la profesora Ana Matanzo puntualizó los objetivos de la investigación y expresó que esperaba «que con este esfuerzo logremos analizar con mayor rigor y detenimiento esta profesión. Con ello buscamos promover el servicio pro bono y mejorar la calidad y nivel de aprovechamiento personal que todo abogada y abogado puede derivar de una vida profesional más plena y satisfactoria».

También estuvo presente la licenciada Anitza Cox de la Fundación Estudios Técnicos Inc., quien tuvo a su cargo presentar los hallazgos.

La investigación se comenzó con los objetivos de:

• comenzar a documentar como los abogados y abogadas del País, promueven el acceso al sistema de justicia mediante la prestación de servicios legales gratuitos en beneficio de personas de bajos recursos
• constatar cómo apoyan esta agenda las instituciones concernidas, a saber, los tribunales, el Colegio de Abogados de Puerto Rico, los bufetes, las agencias de gobierno y las escuelas de derecho

Además de recopilar información sobre los siguientes aspectos:

1. el perfil demográfico y social de los abogados y abogadas que brindan los servicios pro bono
2. la cantidad y frecuencia con qué se ofrecen los servicios
3. las razones, circunstancias y actitudes que inciden en la prestación de los servicios
4. las necesidades de servicios legales a comunidades y personas marginadas
5. la función reguladora de la Rama Judicial

La licenciada Cox expresó que para cumplir con los objetivos de la investigación se trabajó con un método cuantitativo. Específicamente el método para recopilar la información consistió de una encuesta auto administrada representativa de los abogados y abogadas con licencia para ejercer en Puerto Rico. El cuestionario fue suministrado a los juristas vía telefónica. Para esa labor, cooperaron varios estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.

La muestra de encuestados fue una 500 abogados y abogadas.

Algunos de los hallazgos más importantes:

• 4.6% de los encuestados considera que todos los abogados de servicio pro bono brindan servicios de forma equitativa.
• 60% de los "solo practitioners" brinda más servicios pro bono que los bufetes.
• 73.2% (9,700) abogados han provisto ese tipo de ayuda.
• Un 65.4, ha provisto alguna vez servicios pro bono en los últimos tres años.
• Un 11.4% ha presentado a uno o más clientes designados de oficio por el Tribunal, a tenor con Reglamento para Asignación de Abogados y Abogadas en oficio en Procedimientos de Naturaleza.
• 4.3% de los entrevistados ha representado un cliente designado de oficio por el Programa Pro Bono
• 44% de los encuestados han prestado servicios pro bono en los pasados tres años.

Entre las recomendaciones que hicieron los abogados y abogadas encuestados, estos expresaron que el gobierno y las agencias deben ofrecer el suficiente apoyo para ayudarles con los clientes que aceptan de forma gratuita.

Ver el vídeo íntegro de la actividad: