Un proyecto cameral, que creará el marco regulatorio para el uso adulto controlado del cannabis en Puerto Rico, está ante la consideración de la Asamblea Legislativa.

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El proyecto, de la autoría de Héctor Ferrer, que descriminaliza y regula el uso adulto, también robustece los mecanismos para disminuir su alcance de los menores de edad, prohíbe el acto de fumar cannabis y su uso en lugares públicos.

Además, la medida estabece que el producto será regulado bajo los mismos estándares de producción, calidad y venta que la del cannabis medicinal.

"Urge que Puerto Rico se inserte al Siglo 21. No hay duda de que este proyecto permitirá a Puerto Rico crear un nicho económico que actualmente no existe en el Caribe.  Por otro lado, creará una nueva industria produciendo empleos bien pagos, promoverá ahorros gubernamentales y le proveerá nuevos ingresos para el Gobierno a través de la creación del Fondo de Impacto Social e Investigación del Cannabis (FISIC), que serían destinados a las pensiones, a la Universidad de Puerto Rico, a los municipios, entre otros usos." expreso Ferrer Santiago.

En la actualidad existe un estudio sobre el impacto comercial del cannabis en Puerto Rico que estima que la venta del uso adulto del cannabis en su primer año sería de $522 millones.

"Esta legislación fue redactada mirando los aciertos y desaciertos de otras jurisdicciones en los Estados Unidos y en el mundo para que Puerto Rico pueda tener un marco regulatorio de avanzada.  La guerra contra las drogas fracasó. Los momentos difíciles merecen ideas y soluciones distintas a las del pasado y es momento de que en la Asamblea Legislativa demos pasos afirmativos", sentenció Ferrer.

El proyecto es claro en que prohíbe el consumo de cannabis en lugares públicos por lo que solo se permitirá en hogares y lugares privados.  Otra de las regulaciones es que se permitirá la venta únicamente en dispensarios autorizados y se limitará la dispensación para uso adulto controlado a 28g de cannabis; o 8g de THC en los productos concentrados; o 800mg de THC en productos comestibles.

Por otra parte, se establecen infracciones y penalidades para los dispensarios que no cumplan con la ley.

Toda persona que posea la cantidad denominada como consumo personal de cannabis y este no sea de dispensario incurrirá en una multa administrativa de $500 y el o la agente de la policía que realice la intervención se verá en la obligación de citar al intervenido a los fines de referirlo a ASSMCA para que se ausculte la necesidad de tratamiento por adicción por el uso de sustancias controladas.

Se reconoce, además, la retroactividad de la despenalización del cannabis cuando la convicción sea por una cantidad igual o menor de una cantidad para consumo personal.

"Esto es un tema que no podemos seguir evadiendo. Llegó el momento de atemperar la legislación a la realidad social actual. Es por esto que hoy invito a mis compañeros a asumir con valentía los retos que se nos presenta y atender este proyecto con la madurez y responsabilidad que amerita", expresó el representante.