El representante Ramón Cruz Burgos, presentó el Proyecto de la Cámara 1466, que eliminaría el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y restablecería en pleno vigor los poderes que la Ley 20 de 2017 le retiró a varias agencias. Entre ellas, la Policía de Puerto Rico, el Instituto de Ciencias Forenses y el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, entre otros.

Según la medida, a un año de la aprobación de la legislación que dio paso a la creación de esta entidad, «el resultado de la iniciativa deja mucho que desear». Ello manifestado en que actualmente, Puerto Rico padece uno de los peores momentos en la lucha anticrimen, y que el Departamento de Seguridad Pública ha mantenido un nivel bajo de esclarecimiento de los delitos. Según la propuesta, el esclarecimiento es el doble menor que el número de esclarecimientos antes de la creación de la entidad.

«La cifra de asesinatos se encuentra en ciento diecisiete (130), un alza de veintiún (27) en comparación a los noventa y seis (96) reportados a la misma fecha en el 2017. Las estadísticas de la Policía reportan ciento veintiún (121) ‘carjackings’ hasta el 26 de febrero de 2018, y quinientos noventa y un (591) hurtos de vehículos en Puerto Rico. El DSP ha admitido que el por ciento de esclarecimientos de crímenes violentos está por debajo del treinta por ciento (30%), lo que implica uno de los niveles más bajos, sobre todo cuando hace año y medio la Policía de Puerto Rico mantuvo un setenta por ciento (70%) de esclarecimientos de crímenes violentos».

Otra de las razones, por las cuales debe eliminarse la entidad, según la medida, es que lejos de consolidar las agencias, creó una por encima de las anteriores, generando más gastos en empleados de confianza, contratos alquiler de oficinas , gastos de energía eléctrica y servicios públicos, a la vez que su creación se alejó del propósito del Plan Fiscal de tener menos agencias. Cada agencia que es parte del DSP tiene una división de contratos, recursos humanos, contabilidad, finanzas, compras, subastas, división legal, multiplicando por seis (6) las oficinas burocráticas.

«En fin, que el resultado de una entidad que se convirtió en un súper departamento, que lejos de acercar la solución de los problemas de seguridad pública los ha agudizado por su burocracia; que al mismo tiempo lejos de significar un manejo costo efectivo de los recursos del estado, ha sido más caro, con una marcada reducción en la calidad del servicio a la ciudadanía», abundó.

De aprobarse la medida, todo el personal del DSP pasará a formar parte de las agencias a las que antes pertenecían. Mientras que todo aquel personal del DSP cuyo empleo estaba relacionado directamente a la creación de la DSP y no tenía relación de empleo previa con las entidades que fueron convertidas en negociado en virtud de la Ley 20-2017, serán relocalizadas en dichas dependencias según las necesidades del servicio.

El personal será asignado de conformidad con las leyes, reglamentos y normas administrativas aplicables. Toda transacción de personal debe cumplir con las disposiciones de la Ley 8-2017. Los empleados transferidos conservarán todo derecho adquirido conforme a las leyes, normas y reglamentos aplicables, así como los privilegios, obligaciones y estatus respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo establecidos mediante legislación, a los cuales estuvieran acogidos previo a la aprobación de esta Ley.

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