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Tras la aprobación del Proyecto del Senado 974, el licenciado Jeffry Pérez Cabán indicó que la medida busca exigirle a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) el cumplimiento de sus funciones.
El objetivo de la pieza legislativa es definir el concepto «Negligencia crasa» y disponer que sea responsabilidad de la AAFAF defender las medidas aprobadas por la Asamblea Legislativa. También, busca que la agencia cumpla con la defensa de las leyes impugnadas por la Junta de Supervisión, conforme a la Sección 204 de la Ley PROMESA.
«Lo que sugiere el proyecto es tratar de dar standing [o] acción legitimada a ciertos sectores de la población para que a través del injunction o acción judicial de entredicho puedan solicitar la destitución de un funcionario o empleado de AFFAF», expresó.
Según el abogado, la legislación no contempla el debido proceso de ley que se tiene en Puerto Rico para los empleados de carrera. «Es importante que ese derecho se salvaguarde. Es una de las preocupaciones que me genera este proyecto con los empleados de carrera de la AFFAF», agregó.
A palabras del abogado, la medida busca que AAFAF «cumpla con medir los impactos fiscales de las legislaciones y defenderla ante la Junta de Supervisión Fiscal. Es parte de los procesos litigiosos que han surgido pidiendo la nulidad de legislaciones».
El licenciado comentó que este proyecto es la secuela de litigios en los que se ha solicitado la nulidad de varias legislaciones.
«La más reciente, que quizás es la más importante, la nulidad de la Ley 41 de 2022. Llegó hasta el Circuito de Apelaciones de Boston y este decide confirmar el dictamen de nulidad ab initio argumentando dos cosas: El poder y la facultad de la Junta de Supervisión Fiscal de revisar órdenes, leyes y reglamentos que establezca el gobierno de Puerto Rico, y que toda legislación debe ir acompañada del impacto fiscal y que no sean inconsistentes con el plan fiscal», detalló.
Asimismo, la medida aclara que la AAFAF es el ente gubernamental encargado de la colaboración, comunicación y cooperación entre el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Junta de Supervisión.
Estatus: Se dispuso que la medida fuera enrolada.