El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciado Edgardo Manuel Román Espada, propuso esta semana que se evalúe enmendar la Ley de la Judicatura para que el número de jueces no sea fijo, con el objetivo de flexibilizar la cantidad de nombramientos conforme a la necesidad del servicio y la capacidad presupuestaria de la Rama Judicial.

Las expresiones de Román Espada surgieron en reacción a la noticia de portada de uno de los rotativos del País sobre las vacantes existentes en la Rama Judicial: 30 jueces superiores, nueve municipales, cinco del Tribunal de Apelaciones. A estas se suma la plaza en el Tribunal Supremo que dejará la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, tras su retiro.

«La determinación sobre el número de jueces está contemplada por la Ley de la Judicatura de 2003. Corresponde a la gobernadora hacer los nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. Ese es el estado de derecho. Sin embargo, los que visitamos a diario los centros judiciales podemos dar fe de que hay muchos menos casos presentados y personas acudiendo a los tribunales. En las tardes, una gran cantidad de salas están incluso cerradas, sub-utilizándose», expuso el jurista.

Román Espada explicó que los informes estadísticos de la Rama Judicial reflejan una reducción de casos presentados ante el Tribunal de Primera Instancia. En el año fiscal 2009-2010 se presentaron 212,949 casos nuevos ante ese foro. Los casos nuevos presentados para el año fiscal 2016-2017 fueron 197,042. Es decir, hubo 15,907 menos casos iniciados, una reducción de 7.5%, en apenas seis años.

La reducción en nuevos casos ha venido acompañada de ajustes al presupuesto de la Rama Judicial. El presupuesto consolidado de la Rama Judicial para el año fiscal 2009-2010 fue $351,449,881. Esa cifra se ha ido reduciendo. Al año fiscal 2016-2017, el presupuesto consolidado fue de $322.9 millones. Para este año, la Junta de Control Fiscal aprobó $293.4 millones, aproximadamente, según surge del presupuesto publicado en el portal de la Junta.

El artículo 19 de la Ley 3 de 2017 (Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico) dispone que el cómputo para el presupuesto de la Rama Judicial será ajustado por el porcentaje de reducción o incremento en el Presupuesto General de gastos con cargo al Fondo General, hasta el año 2021. La Rama Judicial recurrió a una serie de drásticas medidas de control y reducción de gastos, entre ellas el cierre de 14 tribunales y su consolidación, la renegociación de contratos de arrendamientos y la mudanza de las facilidades de la Oficina de Administración de Tribunales y del Tribunal de Apelaciones.

«Es momento de ponderar si corresponde llenar todas las plazas vacantes en la judicatura en virtud de la reducción significativa de casos y de la situación fiscal de la Rama Judicial. Los salarios de los jueces están designados por legislación. Creemos que no es una buena propuesta hacer nombramientos en estas circunstancias, particularmente en el plano apelativo e incluso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. El uso de estos ahorros ayudaría a mejorar nuestro sistema de justicia, si se asignan estos recursos para crear plazas de oficiales jurídicos para cada juez(a) de primera instancia, donde más se necesitan, para resolver con celeridad las causas de acción», subrayó el abogado.

«En el ejercicio de su facultad constitucional, la Rama Judicial debe tener la facultad primaria de informar a las otras ramas cuántos jueces son necesarios, de manera que los nombramientos se ajusten a la nueva realidad de un gobierno en crisis fiscal, reducción poblacional y de fluctuaciones en los nuevos casos presentados. La Constitución de Puerto Rico cuenta con un criterio similar para variar el número de jueces del Tribunal Supremo a petición de ese Foro y mediante legislación; así debería de ser para los demás tribunales», recalcó.