Por Daniel Rivera Vargas

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estará discutiendo este viernes internamente el caso Asociación de Periodistas de Puerto Rico v. Commonwealth of Puerto Rico, en el que organizaciones a favor de la libertad de expresión buscan revocar a través del alto foro federal al Tribunal Supremo de Puerto Rico por sus directrices en el caso de Andrea Ruiz Costas que ponen trabas al acceso público a información en casos de violencia de género.

Llega al Supremo federal caso de acceso a audios de vistas de Andrea Ruiz Costas

El pasado 22 de diciembre, el alto foro designó que evaluarían el caso el próximo 7 de enero, según surge del expediente electrónico del caso.

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Esta acción no implica que el Supremo federal haya acogido el certiorari pedido por los grupos que defienden el acceso a la información, sino que marca el momento formal en que los jueces podrían comenzar a evaluar si acogen la controversia.

Posteriormente, es que se informa si se acoge el recurso o se deniega.

Diversas organizaciones se han unido al reclamo, que es litigado por la clínica de Libertad de Medios y Acceso a la Información (MFIA, por sus siglas en inglés) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, en conjunto con la representación legal de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).

CAAPR: “Que la muerte de Andrea Ruiz Costas no sea totalmente en vano”

La ASPPRO y el Club Ultramarino de Prensa (OPC) son parte de la Alianza Pro Transparencia, que reclama acceso a las grabaciones del caso de Ruiz Costas, quien fue encontrada asesinada y parcialmente calcinada el pasado 29 de abril en el sector Guavate de Cayey.

Este crimen de violencia machista ocurrió luego de que Ruiz Costas acudiera sin suerte en varias ocasiones a los tribunales para tratar de frenar a su agresor, Miguel Ocasio, quien posteriormente se quita la vida en la cárcel.

La jueza Sonya Nieves Cordero y la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, quienes por separado denegaron una orden de protección y determinaron no causa para arresto en los recursos iniciados por Andrea, fueron objetos de quejas éticas por parte de Olga Costas, madre de la mujer asesinada, pero la Administración de Tribunales anunció recientemente que en ambas denuncias «no se cumple con el estándar de prueba legal» por lo que no procedía continuar el trámite disciplinario.