El Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió a favor de un prisionero musulmán que retó una prohibición de barbas en las prisiones a la luz del Religious Land Use and Institutionalized Persons Act (RLUIPA).

El juez Samuel Alito Jr. escribió la opinión unánime para el tribunal del caso Holt v. Hobbs, determinando que hubo una violación a la ley de protección religiosa.

El prisionero, Gregory Holt, también conocido como Maalik Muhammad, quería dejar crecer su barba media pulgada por razón de sus creencias religiosas. Este retó la política de aseo del Departamento de Corrección de Arkansas, argumentando que violaba de forma sustancial el libre ejercicio de su religión. Holt presentó una petición por derecho propio, escrita a mano en un formulario a disposición del público, reportó el blog ABA Journal.

Alito concluyó que la política cargaba sustancialmente el ejercicio de religión de Holt. Aunque la opinión atiende el argumento de que el Departamento de Corrección tiene un interés en eliminar la posibilidad de contrabando, estos dudaron en probar que la prohibición en particular es la vía adecuada para promover su interés apremiante sobre contrabando. El Departamento de Corrección tampoco pudo probar que su política es el medio menos restrictivo para la promoción de sus intereses apremiantes  como lo requiere una carga para la religión bajo la Ley RLUIPA.

«Puesto que el Departamento no exige que los reclusos se rapen sus cabezas o se hagan recortes cortos, es difícil ver por qué un preso trataría de ocultar contrabando en una barba de media pulgada en lugar de en el pelo más largo en la cabeza", escribió Alito. Alito también señaló que los funcionarios de prisiones registran el pelo y la ropa de los prisioneros, por lo que podrían también registrar sus barbas.

Los funcionarios correccionales también argumentaron que los reclusos podrían afeitarse la barba para ocultar sus identidades para fugarse o para evadir la captura después de una fuga. Pero el Departamento de Corrección «podría resolver el problema requiriendo fotos a todos los prisioneros -sin la barba- cuando entran en prisión, e incluso periódicamente después de eso», señaló Alito.

El Departamento de Corrección también falló en justificar el por qué el riesgo de identificación por afeitarse una barba es mayor que el riesgo que representa un recluso con la cabeza rapada, un bigote (que está permitido), o la barba de 1/4 pulgadas que se permite por afecciones dermatológicas.

Las juezas Ruth Bader Ginsburg y Sonia Sotomayor presentaron opiniones concurrentes. Ginsburg, en una concurrencia a la que se unió Sotomayor, dijo que se suma a la opinión del tribunal basado en el entendimiento de que hacer un acomodo por la creencia religiosa del prisionero no iría en detrimento de otros prisioneros que no comparten sus creencias.

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