Mientras muchas personas disfrutaban del verano, un grupo de probonistas de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR) invirtió cientos de horas para que el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) obtuviese la información necesaria para lanzar el primer Informe sobre el (in)cumplimiento del gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019.

La profesora y coordinadora del proyecto ProBono de la Facultad de Derecho, Marilucy González Báez, explicó a Microjuris que la comunidad universitaria obtiene una ganancia profesional y ética al participar de estos procesos. Al mismo tiempo, se comienzan a insertar en ese devenir de problemas y posibles soluciones, sostuvo González Báez.

Para la docente, estas son experiencias que se llevarán consigo cuando ejerzan la abogacía. El programa probono de la Facultad de Derecho de la UIPR no es obligatorio. En el caso del proyecto de transparencia, se gestó bajo el liderazgo del Lcdo. Carlos Francisco Ramos Hernández, becado del Equal Justice Works.

El periodista, abogado y coordinador de transparencia en el CPI, Oscar J. Serrano, explicó a Microjuris que las estudiantes ejercieron como asistentes de investigación. Más adelante, podrían insertarse en la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la UIPR bajo la tutela de los profesores Steven Lausell y Luis José Torres Asencio.

Durante la presentación del informe del CPI, participaron las estudiantes Gabriela Vélez Martínez y Génesis Rivera Carrasquillo.

Sobre el informe

El Informe sobre el (in)cumplimiento del gobierno en la implementación de la Ley 141 de 2019 destaca que:

• Si bien el 98% de los Oficiales de Información fueron designados en la Rama Ejecutiva, solo el 39% de las agencias tienen disponible en sus páginas web la información de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono) de estos funcionarios.
• El 76% de los municipios han designado a sus Oficiales de Información y apenas dos municipios tienen disponible en sus páginas web la información de contacto (nombre, correo electrónico y número de teléfono).
• El 25% de los Oficiales de Información en la Rama Ejecutiva y el 68% en los municipios fueron designados con posterioridad y en respuesta a solicitudes de información cursadas por el CPI.
• El CPI recopiló, centralizó y uniformó esta información y ha publicado dos directorios que contienen el contacto de los Oficiales de Información de la Rama Ejecutiva y los municipios.
• De una muestra de 22 agencias, solo 13 habían ofrecido a sus Oficiales de Información los adiestramientos educativos que requiere la Ley de Transparencia.
• Desde que entró en vigor esta ley, solo el 26% de las agencias han rendido al menos uno de los informes estadísticos mensuales requeridos por la ley que recoja el número de solicitudes de información recibidas, el tipo de información solicitada y el estatus de estas. Solo el 18% tiene disponible estos informes en sus páginas web.
• Ningún municipio ha rendido sus informes mensuales, según informaron.

Puede escuchar la conferencia de prensa aquí.