Contrario a la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos (OPPI), la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) favoreció ayer la integración de ambas oficinas, como se ha propuesto en una medida bajo la consideración de la Asamblea Legislativa.

La Procuradora de la OPPEA, Dra. Carmen Delia Sánchez Salgado, informó que más del 90% del presupuesto de la agencia provienen de fondos federales, $22 millones, y el restante al gobierno estatal, $2 millones.

Sen?aló que al momento de integrar los presupuestos de ambas procuradurías se debe solicitar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de antemano la cantidad de pareo necesario para cumplir con los requerimientos para los fondos federales.

De otro lado, destacó que hay que coordinar con mucha rigurosidad la preservación de los fondos federales de cada agencia, toda vez que ambas están en estos momentos en alto riesgo federal por actuaciones de administradores de los pasados cuatro an?os que pusieron en riesgo su estabilidad.

Además, sugirió que la nueva procuraduría retenga tres de los puestos de confianza: un abogado experto en la Ley ADA, un Oficial de Programas y Servicios, y un Administrador de Fondos Federales.

"Nótese que la Procuraduría será responsable de cualquier deuda, obligación o responsabilidad económica de la OPPI y la OPPEA. Por lo tanto, se debe identificar qué cantidad de deudas posee la OPPI y si ésta cuenta con los fondos suficientes para cubrirlas. Esto ya que actualmente la OPPI posee un déficit presupuestario", dijo.

Asimismo, recomendó que se verifique la vigencia de los contratos de arrendamiento para las oficinas regionales de OPPI ante la posibilidad de que se incurra en gastos por incumplimiento de contrato.

Sus comentarios se produjeron durante una vista pública de la comisión de Gobierno, Eficiencia Gubernamental e Innovación Económica, que preside el senador Ángel R. Rosa Rodríguez, en la que se consideró el Proyecto del Senado 1067, de Administración, que crea la Ley de la Procuraduría de Asuntos de las Personas de Edad Avanzada y Personas con Diversidad Funcional; establecer la Procuraduría de Asuntos de las Personas de Edad Avanzada y Personas con Diversidad Funcional; establecer sus deberes, facultades y funciones; establecer el cargo del Procurador Auxiliar de las Personas de Edad Avanzada Residentes en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración, dentro de la Procuraduría, y disponer sus deberes y facultades; crear el Consejo Asesor de las Personas de Edad Avanzada y el Consejo Asesor de las Personas con Diversidad Funcional, adscritos a la Procuraduría, establecer su composición y sus deberes y responsabilidades, respectivamente.

En cuanto al Procurador del Residente en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración, Sánchez Salgado recomendó que esta posición sea una de igual capacidad y jerarquía que las subprocuradurías que hoy existen y deben permanecer intactas.

Además, expresó que en ánimo de reconocer que esta ley intenta satisfacer las necesidades de economías que se procuran en la gestión de gobierno, recomendó que el puesto pague lo mismo que pagan hoy las procuradurías auxiliares bajo la ley del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, es decir $4,500 máximo y que sea uno de confianza del Procurador.

Por otra parte, el Procurador de la OPPI, Iván Díaz Carrasquillo, sen?aló que a pesar de que no se puede perder de perspectiva que la situación económica de Puerto Rico amerita medidas rigurosas para atender la crisis fiscal existente, ello no puede ser en detrimento de las poblaciones vulnerables y marginadas de esta Isla; tanto la población de envejecientes como la población con impedimentos son grupos marginados cuyas necesidades particulares hay que proteger. De esta manera, puntualizó que la OPPI se mantenga como un ente totalmente independiente.