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Por Daniel Rivera Vargas

Diecinueve profesores de derecho firmaron un recurso como amigos de la corte en apoyo a la posición del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para que la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF) entregue documentos que se niega a proveer amparándose en que está protegida por la inmunidad soberana bajo la Undécima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Lee el recurso que presentó el grupo de docentes aquí.

En un análisis que incluye decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, así como de leyes federales y estatales, y de artículos de revista jurídica, los profesores entienden que la petición de la JSAF es equivocada desde el inicio porque parte de la premisa que lo que está en controversia es la inmunidad soberana bajo la Undécima Enmienda.

«Se trata de que un soberano renuncie a su inmunidad para proteger los derechos democráticos, no de si el Congreso derogó la llamada inmunidad soberana de la Junta», sostiene el recurso.

El derecho en controversia, sostienen los profesores, es el de acceso a información pública, que fue validado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) «en momentos de represión política y violencia». Además, destacan los docentes, la Junta de Supervisión es una entidad del gobierno territorial y está obligada por esa decisión, dado que el Congreso no se ha expresado de forma diferente.

«Permitir que la Junta se proteja a sí misma de una reclamación de derecho de acceso que garantiza participación pública y responsabilidad democrática contradice la propia democracia constitucional. Soberanía significa no soberanía, y la inmunidad significa poder sin control. Eso no es lo que representa la inmunidad soberana. Eso no es lo que la gobernabilidad democrática puede tolerar», reza el recurso de 38 páginas.

Los catedráticos elaboraron aspectos como la aplicación de la undécima enmienda federal a los territorios, el razonamiento del Primer Circuito en esta controversia, la inmunidad soberana de Puerto Rico, la de otros territorios estadounidenses, la existente en casos y leyes estatales, y el derecho a acceso a la información pública, entre otros.

El grupo de docentes que suscribió el recurso labora en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico o en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El grupo está compuesto por José J. Álvarez González, Julio E. Fontanet Maldonado, Érika Fontánez Torres, Chloé S. Georas Santos, Michel J. Godreau Robles, María Hernández, Glenda Labadie Jackson, Hiram Meléndez Juarbe, Alvin Padilla-Babilonia, Luis M. Pellot Juliá, Yanira Reyes Gil, Mayté Rivera Rodríguez, Griselle M. Robles Ortiz, Iris Y. Rosario Nieves, Pedro Saadé Lloréns, Héctor R. Sánchez Fernández, Susana Serrano Mondesí, Patricia Otón Olivieri y Esther Vicente.

El recurso fue redactado por el profesor Padilla-Babilnia con la ayuda del Pro Bono Amicus Justitiae de la Escuela de Derecho de la UPR.

Estatus: El caso tuvo su vista oral el pasado miércoles, 11 de enero de 2023. Numerosas otras entidades también han sometido recursos como amigos de la corte durante esta controversia. Algunas de las organizaciones o grupos que han presentado recursos son:

1. Public Citizen
2. Asociación de Periodistas de Puerto Rico
3. Reporters Committee for Freedom of the Press & 20 Media Organizations
4. GFR Media
5. LatinoJustice PRLDEF
6. Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico
7. Clemente Properties Inc.
8. Espacios Abiertos
9. Institute for Energy Economics and Financial Analysis

Puedes ver el estado del caso y otros recursos que se han presentado aquí.