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El primer ejecutivo del país, Pedro Pierluisi Urrutia, estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 1895, a fin de enmendar la Ley 121-2019, conocida como la Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores, para establecer la capacitación periódica de la población de personas adultas mayores en Puerto Rico en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
La Ley Núm. 214-2024, de la autoría del representante Jesús Hernández Arroyo, ordena al Departamento de la Familia a ofrecer, cada 90 días, adiestramientos y talleres, o programas de capacitación y educación, a personas de la población de adultos mayores, sobre el uso adecuado de la tecnología.
A estos fines, se ordena coordinar el programa de capacitación a través de la Administración de Servicios de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos en coordinación con el Departamento de la Vivienda, la Oficina del Procurador de la Personas de Edad Avanzada, la Universidad de Puerto Rico y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
La ley dispone que estos talleres o programas de capacitación deberán contemplar aspectos relacionados al uso de equipos o artefactos tecnológicos como teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, uso de la internet, utilización de las plataformas digitales para solicitar servicios o efectuar el pago de utilidades, entre otras actividades relacionadas. Y los mismos se deberán llevar a cabo en los centros de envejecientes, en las residencias de retirados y en las organizaciones sin fines de lucro que atiendan a la población de adultos mayores.
Además, se promueven colaboraciones con organizaciones privadas, no gubernamentales, académicas u otras, así como la creación de comunidades digitales inclusivas. Se establecen mecanismos de evaluación para medir el impacto y la efectividad de los programas de capacitación; y se garantiza que las personas mayores que participen en dichos programas de capacitación tecnológica reciban el apoyo adecuado, incluyendo recursos humanos, y de ser necesario, materiales para facilitar su aprendizaje y desarrollo de habilidades.
El autor de la ley destacó en la pieza legislativa que cada vez son más los adultos mayores que viven solos, bajo niveles de pobreza y con alguna discapacidad y que datos establecen que un 28% de los habitantes en la Isla tienen 60 años o más, lo que supone un total de 924,477 personas.
Además, se destaca que la iniciativa va dirigida a brindar mayores recursos a los adultos mayores para que puedan integrarse a la era digital toda vez que muchos trámites actuales se hacen a través de aplicaciones, y en la gran mayoría de las veces, esta población no conoce el sistema y no pueden realizar sus gestiones a tiempo.
Puerto Rico es uno de los países con más adultos mayores en el mundo, ocupando el séptimo lugar entre las naciones con el mayor porcentaje de personas de 65 años en adelante.