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Por Daniel Rivera Vargas
Un nuevo flanco de litigación por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ se levanta en los tribunales de Estados Unidos, particularmente por los pronombres de las personas trans.
Una disputa reciente llegó a los tribunales porque el profesor de filosofía de la Universidad de Shawnee en Ohio, Nicholas Meriwether, fue sancionado por la institución tras rehusarse a usar los pronombres de una estudiante trans.
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Con la Lcda. Victoria Rodríguez Roldán y el Lcdo. Jaime Sanabria
El profesor demandó en el 2018 en la corte de su distrito federal, alegando que se le estaban violando sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos al obligarlo a usar los pronombres elegidos por la estudiante.
Aunque inicialmente el juez de distrito desestimó la demanda, el profesor apeló y en marzo pasado un panel del Tribunal de Apelaciones del Sexto Circuito entendió que efectivamente ese tipo de sanción era una violación a la libertad de expresión del catedrático.
«Tradicionalmente, las universidades estadounidenses han sido faros de diversidad intelectual y libertad académica. Se han enorgullecido de ser foros donde se discuten y debaten ideas controvertibles. Y han tratado de no sofocar el debate escogiendo lados. Pero Shawnee State eligió una ruta diferente: castigó a un profesor por su discurso sobre un tema muy controvertido. Y lo hizo a pesar de las protecciones constitucionales otorgadas por la Primera Enmienda», sostuvo la opinión del Sexto Circuito de Apelaciones.
En mayo, organizaciones como la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Médica Americana pedían una reconsideración al Tribunal de Apelaciones.
La licenciada Victoria Rodríguez, activista de derechos humanos radicada en Washington DC, explicó a Microjuris que no cree que este caso sea apelado más allá del Tribunal de Apelaciones como una cuestión de estrategia, particularmente ante la inclinación conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Para la abogada, el caso de este profesor de Ohio no es una rareza, sino parte de un movimiento estadounidense, como el Alliance Defending Freedom, que entienden que requerirle a un empleado que respete los pronombres deseados de una persona es una violación a su derecho a la libertad de expresión.
Rodríguez indicó que conoce al menos un caso similar en el Séptimo Circuito de Apelaciones.
«Esto es parte de un patrón de litigación», dijo Rodríguez.
Para la abogada, no reconocer el pronombre de la persona trans «es faltarle respeto al estudiante, eso es lo que es». Agregó que ignorar el reclamo de esa persona de la comunidad trans a que se le reconozca por sus pronombres es una forma de acoso sexual y hostigamiento sexual.
En Puerto Rico, el tema aún no ha llegado a las cortes así que, en opinión de Rodríguez, el derecho imperante es que apliquen la regla del Título 9 que prohíbe el discrimen por sexo en el ámbito educativo, por lo que deberían respetarse los pronombres deseados.
La abogada agregó que la administración de Joe Biden se comprometió de reincorporar una directriz de la administración de Barack Obama, que fue derogada por la administración de Donald Trump, para aumentar la protección a la comunidad LGBTIQ+.
Rodríguez puntualizó que se está preparado una reglamentación, que es más difícil de cambiar «bajo una administración hostil».
Este reglamento explícitamente «prohibe el mal uso de los pronombres deseados del estudiante».
Pero Rodríguez reconoció que podría emitirse una decisión judicial futura a favor de los derechos de expresión de las personas que se niegan a reconocer los pronombres deseados de la comunidad trans.
«Sería un precedente bien peligroso», aseguró Rodríguez a Microjuris.
El abogado José Bagué Soto, del bufete Del Toro & Santana y quien litiga en el foro federal, dijo que ese tipo de casos «es un tema caliente».
El letrado entiende que si el demandante, como en el caso de Ohio, alega que se le viola sus creencias religiosas con el uso de esos pronombres, esto representa un tipo de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
De acuerdo con Bagué Soto, exigirle a un ciudadano el uso de determinadas palabras mediante una ley o una decisión judicial «no es parte de nuestra cultura, nuestra historia, nuestras leyes».
«Imagínate una ley que diga ‘cada vez que saludas a alguien, tienes que decir Dios te bendiga’. Imagínate eso. Lo mismo con los pronombres», indicó Bagué Soto.