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Por Daniel Rivera Vargas

Un grupo de profesionales del derecho, activistas y académicos reunidos en uno de los paneles de la convención anual de la Law & Society Association reflexionó sobre algunos de los diversos problemas que enfrenta Puerto Rico y abordaron posibles alternativas.

Como parte del panel del foro When the U.S. Supreme Court Ignores National Origin Race-Based Inequities in Citizenship and Sovereignty for Puerto Ricans and others born in U.S. Territories, What Can Be Done? del Law & Society Association, Lía Fiol Matta, del grupo Latino Justice y del Puerto Rico Defense Legal Fund, abordó el tema con cifras recientes sobre los niveles de pobreza del archipiélago.

Durante su argumentación expresó que la pobreza en la isla es el doble del estado más pobre de Estados Unidos, con poco más  de un 40% bajo este nivel. Además es el segundo más pobre entre todos los territorios solamente superado por la jurisdicción de American Samoa, con más de un 50%.

Otras panelistas fueron Janet Calvo, de la Escuela de Derecho de la City University of New York; Joddie Roure, del Colegio de Justicia Criminal John Jay; Natalie Gómez Vélez, del City University of New York y copresidente de un «Task Force» del Colegio de Abogados de Nueva York sobre el tema de los casos insulares y Cori Alonso Yoder, de la Facultad de Derecho en la Universidad de George Washington.

Leyes de cabotaje de los Estados Unidos

Fiol Matta entiende que esa pobreza en gran medida está atada a las limitaciones de la relación de subordinación política de la isla, como la inclusión de Puerto Rico en las leyes de cabotaje y su impacto económico en la isla.

Puerto Rico está condicionada a que toda la mercancía que entra y sale del país en grandes cantidades es por la vía marítima.

Las leyes de cabotaje de los Estados Unidos (Ley Jones 46 U.S.C. 55102) limitan el tráfico de barcos entre puntos de este país, incluyendo sus territorios y posesiones, a barcos construidos y registrados en los Estados Unidos, con ciertas excepciones.

Este ordenamiento legal vincula a Puerto Rico desde la aprobación de la primera ley orgánica (Ley Foraker) y dispuso que el cabotaje entre Puerto Rico y Estados Unidos sería «regulado de conformidad con las disposiciones de ley aplicables a dicho comercio marítimo entre cualesquiera dos grandes distritos costeros de los Estados Unidos».

Argumentó, de igual forma, que es una disposición que no afecta a todas las jurisdicciones y agregó que hay muchos programas federales que están disponibles parcialmente en Puerto Rico, o no están disponibles en lo absoluto, como el Seguro Social Complementario (SSI, en inglés) o los programas de alimentos, que es menos lo que llega al archipiélago en comparación con otras jurisdicciones.

«El colonialismo mantiene a Puerto Rico y los territorios en estado de pobreza», comentó la activista, quien comentó que en Puerto Rico también hay una enorme población de discapacitados que se beneficiaria enormemente de estos programas. Fiol Matta hizo un llamamiento a hacer presión en el Congreso de los Estados Unidos para revocar o enmendar estas medidas de trato desigual en Puerto Rico.

Por su parte, la abogada Gómez Vélez examinó el más reciente caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el del Centro de Periodismo Investigativo v. Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, resaltando la disidente del juez Clarence Thomas que indica que Puerto Rico no es un estado por lo que no coincide con la inmunidad, que se le esta reconociendo a la junta en esa decisión.

Inmunidad soberana

El Tribunal Supremo de Estados Unidos (SCOTUS, en inglés) determinó en mayo que la Junta de Supervisión conserva su inmunidad soberana frente a la responsabilidad civil, particularmente ante los requerimientos de información del Centro de Periodismo Investigativo.

Junta de Supervisión conserva su inmunidad soberana ante requerimientos de información

Lamentó que con su resultado dificulte para la prensa y la ciudadanía comprender las decisiones que se toman al amparo de la ley federal PROMESA, esto en la medida de que la Junta de Supervisión puede negarse a entregar documentos que ayude a interpretar esas acciones.

La decisión, la más reciente de fallos adversos del Supremo federal en el caso de Puerto Rico, subraya el poder cedido a la Junta de Supervisión, al punto de que puede pasarle por encima a las ramas políticas del gobierno de Puerto Rico, aclaró Gómez Vélez.

«Puerto Rico merece el derecho de la dignidad de un autogobierno», sostuvo.

«Hay mucha frustración con lo que ha hecho el Tribunal Supremo. La gente en Puerto Rico está sufriendo», añadió Gómez Vélez. «Esta es una lucha que lleva más de un siglo... no se ustedes, pero yo estoy cansada, si las cortes no lo van a hacerlo, debemos hacer algo».

Ciudadanía americana

Mientras, Calvo discutió el estado de la ciudadanía americana en Puerto Rico desde varias ópticas.

Por ejemplo, el enorme desconocimiento en los Estados Unidos de que Puerto Rico tiene ciudadanía americana. Incluso, sostuvo que en lugares como Nueva York, donde hay una gran comunidad puertorriqueña, hasta un 40% de la población desconoce que los puertorriqueños son ciudadanos americanos, según encuestas.

Esto se ha visto recientemente en incidentes en aeropuertos, donde para un vuelo doméstico, o sea entre un estado y otro, no dejaron montar a una familia puertorriqueña porque el bebé de la pareja no tenía pasaporte.  Recientemente, hubo otro incidente relacionado al alquiler de un auto.

Calvo entiende que hace falta un esfuerzo de educación para que un mayor sector de la población reconozca la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Pero, hay un problema adicional relacionada a la ciudadanía, sostuvo Calvo, y es que Puerto Rico no tiene ciudadanía con protección constitucional, sino estatutaria.

«Son ciudadanos por estatuto, no es una ciudadanía constitucionalmente protegida. Eso hace una gran diferencia», indicó Calvo.

«Los hace muy vulnerables porque bajo jurisprudencia del Supremo... lo que el Congreso da, el Congreso puede quitar».

Proyecto de estatus

Un ejemplo reciente de esta vulnerabilidad se refleja en el reciente proyecto de estatus, que busca celebrar un plebiscito en Puerto Rico entre las opciones de la estadidad, independencia y libre asociación.

De acuerdo a Calvo, las fórmulas como «libre asociación e independencia» tienen lenguaje que permite que ciertas personas pierdan la ciudadanía a pesar de ser hijos de ciudadanos americanos en la actualidad.

Casos insulares

Parte de ese problema de la ciudadanía emana de los casos insulares, enmarcados en una concepción racista y que indicaba que los habitantes de territorios como Puerto Rico no eran merecedores de la ciudadanía y «otro lenguaje que no voy a poner en mi boca», manifestó Calvo.

Por su parte, Alonso lamentó las grandes inequidades de los casos insulares. «Hay un trato separado y no igualitario», lamentó  Alonso. «Las leyes migratorias en un principio buscaban mantener la población blanca europea. La comunidad blanca no tiene el nivel de restricción que otras comunidades», sostuvo.

«¿Qué se puede hacer? derrocar estos malos precedentes, y entender que las inequidades es un asunto de justica racial y hace falta mayor solidaridad entre los pueblos», cuestionó Alonso.

Problemas sociales

Mientras Roure, quien es CEO del Hurricane Maria Assistance & Relief Institutional Alliance, Inc. y atiende comunidades como Vieques, enumeró varias realidades y situaciones sociales en diferentes etapas.

Discutió sobre algunos programas como la esterilización masivas de mujeres puertorriqueñas e iniciativas económicas como Manos a la Obra y la Sección 936.

Aseguró que en Puerto Rico se ha dado la privatización de servicios públicos, olas de despidos masivos en el gobierno,  contaminación de recursos naturales, población sin plan médico y escasez de médicos. Roure resaltó que es importante buscar alternativas para mejorar el sistema de salud de Puerto Rico.

Mirada internacional

En la ronda de preguntas del público, entre los participantes hubo expresiones de que era importante recabar la atención de la comunidad internacional, en lo que varias panelistas insistieron que era muy importante, a pesar de que se lleva medio siglo acudiendo con poco éxito ante las Naciones Unidas para que el tema colonial de Puerto Rico se eleve ante la Asamblea General.

«A nivel internacional debemos seguir presionando, aunque sea frustrante», expresó Fiol Matta.

Asimismo, miembros de la diáspora se expresaron, algunos hablando de la añoranza con regresar a Puerto Rico, pero inquietos sobre los servicios y realidades que van a encontrar, y otros afirmando que acaban de mudarse de regreso a la Isla, motivados porque la nuevas posibilidades abiertas por la pandemia del trabajo remoto.

Finalmente, el profesor Efrén Rivera Ramos, quien estaba dentro del público asistente, fue quien tomó la última palabra.

Indicó que lleva años estudiando el tema de los casos insulares y su relación con la subordinación política de la isla y las limitaciones que esto acarrea, de lo que es autor de libros y ha participado en la litigación de algunos casos.

En este contexto, afirmó que se ha convencido de que Puerto Rico no avanzará en este tema por la vía judicial. «El problema de la colonia en Puerto Rico es básicamente uno político... creo que hay mucho trabajo que hacer en la arena política», sostuvo Rivera Ramos.

El trabajo debe hacerse de diversos frentes, en la isla, con la diáspora, en Estados Unidos y a nivel internacional. Requiere en gran medida que la ciudadanía logre entender que el problema político de Puerto Rico se entrelaza sus realidades.

«Como logramos que la mayoría de la gente enlace el problema colonial con sus necesidades... entonces entiendo la gente comen zara a reaccionar, y quizá comenzaría un gran movimiento social reclamando la descolonización de Puerto Rico», dijo Rivera Ramos.