Por Daniel Rivera Vargas

La reciente imposición de un cargo en la factura eléctrica destinado al pago de pensiones de exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) ha suscitado cuestionamientos legales y propuestas de política pública. El asesor financiero y expresidente del Banco de Desarrollo Económico, Francisco Rodríguez Castro, argumenta que esta imposición constituye un «impuesto oculto» que podría ser impugnado judicialmente y sustituido por otras medidas de ajuste fiscal.

El cargo por pensiones: origen y efectos

Desde la implementación del nuevo cargo, múltiples sectores han señalado que este representa una carga económica adicional para los consumidores sin haber mediado legislación expresa. Según Rodríguez Castro, el aumento del 7.6% en la factura de energía responde al intento de preservar las pensiones de los jubilados de la AEE sin atender el origen estructural de su insolvencia.

Los detalles de la visión de Rodríguez Castro se discuten en una columna de su autoría llamada "Puerto Rico pagando por el fracaso: El colapso del plan de pensiones de la AEE y el nuevo impuesto oculto en tu factura de luz".

El también CEO de Birling Capital Advisors advierte que la medida penaliza a los abonados, quienes no participaron en las decisiones administrativas que llevaron al colapso del plan de pensiones. A su juicio, se trata de una obligación impuesta sin base legal clara, lo cual califica como un «impuesto regresivo y oculto».

Análisis jurídico y posibles impugnaciones

Rodríguez Castro argumenta que existen fundamentos jurídicos para impugnar este cargo ante los tribunales. Identifica los siguientes elementos:

Legitimación activa: Los abonados se ven directamente afectados por el aumento en sus facturas.

Violación a la Ley Núm. 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético, la cual establece que las tarifas deben ser "justas, razonables y no discriminatorias".

Cuestionamientos constitucionales: El cargo podría interpretarse como una imposición financiera sin un propósito público legítimo, en violación al debido proceso de ley. También se plantea una posible infracción a la cláusula de igual protección de las leyes, al exigir a trabajadores no pensionados subsidiar obligaciones ajenas.

Tributación sin representación: Al no tratarse de una contribución legislada, se cuestiona su validez democrática.

Aunque Rodríguez Castro aclara que no es abogado ni propone un litigio específico, reconoce que podrían existir elementos para un pleito de clase. Su intención, afirma, es generar un debate informado sobre alternativas viables.

Alternativa: ajuste proporcional a las pensiones

Entre las opciones planteadas por Rodríguez Castro se encuentra la revisión del esquema de pensiones de la AEE. Su propuesta consiste en:

• Proteger las pensiones menores a $1,000 mensuales.
• Aplicar ajustes proporcionales a las pensiones más altas.
• Adoptar medidas similares a las implementadas en otras jurisdicciones afectadas por crisis fiscales.
• Precedentes internacionales en la reforma de pensiones

El análisis presentado por Rodríguez Castro cita ejemplos de reformas en distintos contextos de insolvencia gubernamental:

• Detroit (2013–2014): Reducción de 4.5% en beneficios base y eliminación del ajuste por costo de vida (COLA).
• Central Falls, Rhode Island (2011): Recortes de hasta 55%, validados legalmente.
• Stockton, California (2012–2014): Eliminación de beneficios suplementarios y de salud.
• Grecia (2010–2015): Reducciones de hasta 40% y aumento en la edad de retiro.
• Portugal y España (2011–2014): Congelaciones temporales de pensiones y penalidades por retiro anticipado.
• Reino Unido (2011): Transición a planes basados en salario promedio de carrera, reduciendo el costo futuro en un 15–20%.

En palabras del autor, «la reforma de pensiones no es traición, es preservación».

Diagnóstico histórico y comparativo

Rodríguez Castro expone además un recuento histórico del deterioro del plan de pensiones de la AEE. En las décadas de 1980 y 1990 el sistema era solvente, pero la combinación de aumentos en beneficios y falta de ajustes en aportaciones patronales y obreras contribuyó a su eventual colapso. Según el análisis, las pensiones actuales de la AEE promedian $4,000 mensuales, frente a un promedio de $1,300 en el resto del servicio público.

Asimismo, se recalca que Puerto Rico figura entre las jurisdicciones con tarifas energéticas más altas en los sectores comercial e industrial, lo cual agrava el impacto económico del nuevo cargo para la población general.

Consideraciones finales

A la pregunta sobre si es justo recortar pensiones cuando el problema fue causado por la mala administración, Rodríguez Castro respondió: "Es absolutamente injusto para los obreros, y es absolutamente injusto para la gente, pero es el precio que se paga por la mala administración".

La propuesta, aunque controversial, busca abrir el debate sobre mecanismos equitativos y jurídicamente sostenibles para atender el pasivo actuarial de la AEE sin transferir la carga a los abonados mediante tarifas no legisladas.