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El senador Javier Aponte Dalmau radicó el Proyecto del Senado 702, que tiene como propósito derogar la actual Ley 38-2017, mejor conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo de Puerto Rico.
Curso el línea de interés: Bajo la lupa con la LPAU: Conoce los cambios más significativos
Según la exposición de motivos, la Ley 38-2017 es una copia exacta de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La medida, pese a reconocer la importancia que ha tenido la ley actual en nuestro ordenamiento jurídico, señala que han sucedido cambios importantes que requieren reinterpretar, modificar o ampliar lo que se tiene en este momento.
La propuesta legislativa, que busca crear la Ley de Procedimiento Administrativo de Puerto Rico, tiene como propósito fomentar que las agencias consideren resolver controversias y otros asuntos administrativos mediante mecanismos de mediación, de ser posible, antes de recurrir al procedimiento adversativo formal, por lo que propone la creación de un Reglamento Uniforme de Mediación Administrativa.
Adicionalmente, para evitar que cada agencia tenga su propio reglamento de procesos adjudicativos, el proyecto de ley propone la creación de un Reglamento Uniforme de Procedimiento Adjudicativo.
La medida también atiende la redefinición de conceptos importantes como "parte" e "intervención», además de adoptar definiciones y normas con relación a los principios de Agotamiento de Remedios Administrativos, Jurisdicción Concurrente y de Jurisdicción Exclusiva.
El proyecto además atiende la efectividad de los reglamentos de emergencia, y adopta el término prescriptivo de un año para el ejercicio de reclamaciones.