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El Senado de Puerto Rico aprobó nuevas enmiendas a la Ley del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor con el propósito de aclarar la definición de accidente de tránsito para fines de cobertura de seguro y evitar así lagunas de ley que pueden causar problemas en la aprobación de reclamaciones.

Se trata del Proyecto del Senado 1009 de la autoría del senador independiente José A. Vargas Vidot por el mecanismo de petición. El proyecto de ley busca dar uniformidad a la cobertura del seguro obligatorio.

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Según reza la exposición de motivos, la intención legislativa de la Ley 253-1995, según enmendada, es no dejar desamparada a una persona que por causa de un accidente sufriera daños por otra y que luego no pudiese reclamarle por distintas razones.

Para esto, mediante obligatoriedad, se dispuso que toda persona cuente con un seguro para responder y se creó lo que se conoce como el «seguro obligatorio» que brinda cobertura a personas que son rechazadas por planes de seguro privado o porque carecen de los medios económicos para costearlo.

Sin embargo, se advierte  que en posteriores enmiendas de ley no se definió lo que era un «accidente de tránsito» para fines del seguro obligatorio. Este vacío legal puede causar que reclamaciones sean denegadas por razón de que el tipo de accidente «no cae bajo dicha definición según los contratos de las pólizas de seguro obligatorio.

La enmienda de ley propuesta establece que un accidente de tránsito será definido como «una colisión o impacto entre vehículos de motor o entre un vehículo de motor y una parte de este u objeto que se desprenda de otro vehículo, o entre un vehículo y una parte o un objeto que fue impactado por otro vehículo».

Para los efectos de esta medida, no será requisito que uno, ambos o varios de los vehículos involucrados en un accidente estén en movimiento, bastando para que proceda una reclamación que el vehículo del responsable del accidente esté asegurado con este seguro obligatorio.

La medida fue aprobada con un informe positivo de la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico y pasa ahora a la Cámara de Representantes para su consideración.