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El representante del Congreso de Estados Unidos, Raúl Grijalva, propuso una serie de enmiendas a la Ley PROMESA para definir lo que serán los servicios esenciales de Puerto Rico, asignar fondos federales para la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y ordenar la auditoría de la deuda a partir de una comisión independiente e interdisciplinaria.

La medida especifica como servicio esencial la educación pública, la seguridad pública, el seguro médico y las pensiones, a la vez que asegura financiamiento del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Dentro de la educación pública, la medida categoriza como servicio esencial a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y le asigna un presupuesto anual fijo de $800 millones.

La profesora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Ana Cristina Gómez Pérez, explicó a Microjuris.com que el lenguaje que emplea la medida para categorizar la universidad como un servicio esencial es el mismo que se aprobó en la Junta Universitaria de la UPR y que luego la profesora defendió en una de las vistas sobre PROMESA en el Congreso Federal.

«La legislación reconoce que cuando se necesita desarrollo económico, lo primero que hay que hacer es invertir en la educación. La universidad nos garantiza un cambio sustancial en el ascenso social», explicó la profesora Gómez Pérez.

La profesora sostuvo que muy seguramente el proyecto pasará la aprobación del Congreso Federal. «Hay muchos amigos de Puerto Rico en la Cámara de ambos partidos», agregó.

El licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez sostuvo que, aunque le acredita buena fe al proyecto del representante Grijalva, considera que el proyecto «es muy poco y llega muy tarde porque el problema primordial de la ley PROMESA es la arbitrariedad de la junta».

Emmanuelli Jiménez señaló que «los acreedores no están satisfechos, el gobierno no está satisfecho, los grupos sociales o los sectores obreros que yo represento están satisfechos. Ni el congreso está satisfecho».

Mientras tanto, hay litigios pendientes de decisión que cuestionan la constitucionalidad de la ley PROMESA.

El coordinador de Construyamos Otro Acuerdo (COA), Julio López Varona, explicó que, aunque la legislación intenta atender algunos de los problemas principales de PROMESA, «entendemos que mientras las medidas presentadas por el Congreso no contemplen la eliminación de la Junta de Supervisión Fiscal o le reste poderes, no atiende el verdadero problema».

De acuerdo con López Varona, Puerto Rico «necesita esfuerzos de reestructuración, un paquete de alivio serio y políticas económicas que le permitan a Puerto Rico lograr una recuperación justa. No obstante, el lenguaje propuesto por la legislación de Grijalva sobre la cancelación de deuda es el primer paso en la dirección correcta».

La medida también incluye los requisitos de elegibilidad para el nombramiento de los miembros y los empleados de la Junta de Supervisión Fiscal y establece una Junta de Ética. El objetivo del lenguaje es evitar que los miembros de la junta tengan responsabilidades financieras con terceros o tomen decisiones basadas en consideraciones financieras externas.

El proyecto también le asigna al gobierno federal la responsabilidad de financiar las operaciones de la Junta de Supervisión Fiscal y los procedimientos de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

El proyecto está coauspiciado por los congresistas de origen puertorriqueño Nydia Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez, José Serrano y Darren Soto.

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