El Proyecto ADN Post Sentencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) levantó bandera ante una medida que busca incluir el delito de perjurio entre los delitos que no prescriben cuando resulte en una condena errada.

En su exposición de motivos, el Proyecto del Senado 738 reconoce el efecto perjudicial que tiene un testimonio mendaz en el proceso judicial.

La medida ya se aprobó en el Senado de Puerto Rico con 16 votos a favor, nueve votos en contra y ninguna abstención.

Tras la aprobación en el Senado, el proyecto se refirió a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, que preside el también presidente de la Cámara, Rafael «Tatito» Hernández Montañez.

Razones para la oposición

Las portavoces del proyecto, la profesora Iris Rosario y la licenciada Nikxa Rivera Berríos, afirmaron que, ciertamente, el perjurio es la causa mayor de las condenas erróneas y que, de acuerdo con el Registro Nacional de Exoneraciones, el 57% de todas las exoneraciones en procedimientos post sentencia involucran perjurio o acusaciones falsas.

Sin embargo, afirmaron que no se debe articular como respuesta la imprescriptibilidad del delito de perjurio.

«En el Proyecto ADN Post Sentencia se han identificado varios casos cuya única solución, luego de agotar todos los otros remedios en derecho, es que uno de los testigos se retracte y reconozca que mintió. Sin embargo, ¿cuán probable sería que un testigo decida aceptar que mintió cuando el Ministerio Público podría acusarlo y procesarlo de perjurio? La persona perjura tendría que decidir entre su intención de decir la verdad y reparar su conciencia versus la posibilidad de ser ingresada en prisión por perjurio», explicó la licenciada Nikxa Rivera Berríos, coordinadora del Proyecto ADN Post Sentencia.

Reconociendo que el problema de los testigos perjuros es un altamente complejo, la profesora Iris Rosario, directora del Proyecto ADN Post Sentencia, reconoció que el legislador se encuentra en una tremenda disyuntiva: decretar la prescripción de un delito, y que la acción delictiva resulte impune, o esclarecer la verdad de un hecho delictivo y, por consiguiente, facilitar la liberación de una persona condenada erróneamente.

Rosario añadió que esa disyuntiva debe ser resuelta, de acuerdo con nuestra percepción, en favor del esclarecimiento de la verdad porque, aunque se escuche como un "lugar común": es mejor un culpable en la libre comunidad que un inocente tras las rejas.

Asimismo, las portavoces señalaron que la medida obvia un análisis que podría ilustrar cuán contraproducente puede resultar la medida para su propio objetivo: las personas privadas de su libertad que han sido condenadas erróneamente, tras el testimonio de un testigo perjuro, no tendrían la posibilidad de que ese testigo se retracte de su mentira, puesto que, aun con el transcurso de los años penderá sobre él la amenaza de un castigo.