Los representantes Carlos «Johnny" Méndez y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael «Tatito» Hernández presentaron una medida para allegar fondos a la Fundación para el Acceso a la Justicia.

El Proyecto de la Cámara 24 atiende la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 para enmendar la Regla 37.7 de las Reglas de Procedimiento Civil y disponer que los fondos generados por las sanciones impuestas por el poder judicial sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia. 

En específico, la enmienda dispone que los fondos depositados por las partes en cualquier proceso judicial, serán transferidos, depositados y mantenidos en cuentas CIFAA o Interest on Lawyers Trust Account (IOLTA, en inglés) y los intereses generados se dispondrán para el Fondo de Acceso a la Justicia. 

Se exceptúa de esta disposición los dineros de menores o personas incapaces que por expreso mandato judicial, sean depositados en cuentas que generen intereses para el titular.

Actualmente, para el Poder Judicial, así como para la Oficina del Comisionado de Seguros, los fondos que son depositados en calidad de fianzas, pago de sentencias y otros, se mantienen bajo su custodia hasta que una orden judicial disponga su entrega a quien por derecho corresponda. 

En el caso de los tribunales, algunas cuentas, por orden específica del foro, se depositan en cuentas que generan intereses.

Con excepción de algunas cuentas de menores e incapaces, los fondos se depositan en las llamadas cuentas plica que no generan intereses.

La medida promueve la política pública establecida por la ley que crea el Fondo para el Acceso a la Justicia y establece que los fondos que se encuentren al presente y en adelante bajo la custodia del Poder Judicial y depositados en cuentas plica que no generan intereses para beneficio de menores e incapaces, tendrán que ser depositados por sus custodios en cuentas CIFAA. 

De igual forma, dispone que los fondos generados en las sanciones impuestas por el Poder Judicial sean transferidos en su totalidad al Fondo de Acceso a la Justicia. 

El proyecto de ley bipartita fue radicado el 4 de enero y ahora pasa al análisis de comisión legislativa.

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