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Un proyecto de ley promueve el establecimiento en Puerto Rico de centros de datos de inteligencia artificial (IA), instalaciones que son objeto de debate por parte de instituciones alrededor del mundo debido a su impacto ambiental y energético.
El Proyecto de la Cámara 1523 cuenta con tres autores, todos del Partido Nuevo Progresista: Jorge "Georgie" Navarro Suárez, Jiménez Torres y Nieves Rosario.
"La inteligencia artificial ha transformado la economía global", reza parte de la exposición de motivos de la medida de 47 páginas. "Esta Asamblea Legislativa declara que el propósito de esta Ley es precisamente ese: atraer una actividad industrial nueva, intensiva en capital y tecnología, y expandir la existente, bajo condiciones que fortalezcan el sistema eléctrico de Puerto Rico".
Los centros de datos han sido objeto de diversas críticas por su impacto ambiental y comunitario, según varios estudios, incluido uno publicado por la Universidad de las Naciones Unidas. Entre los factores señalados figuran el elevado consumo de agua y energía que requieren estas instalaciones.
"La Inteligencia Artificial amenaza los recursos naturales de millones (de personas)", señala el estudio de la ONU publicado en junio pasado.
El proyecto de ley, radicado la semana pasada y referido a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, propone crear la "Ley para el Desarrollo de la Infraestructura de Cómputo e Inteligencia Artificial de Puerto Rico".
La medida establecería la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el establecimiento y la expansión de centros de datos y de cómputo para inteligencia artificial, así como la exportación de sus servicios.
El proyecto reconoce los problemas energéticos de Puerto Rico y propone atenderlos mediante requisitos dirigidos a las empresas interesadas en establecer estas instalaciones.
Entre las condiciones propuestas figuran disposiciones sobre el servicio eléctrico durante las alertas de reservas, restricciones para depender de la generación del sistema eléctrico local y la obligación de contar con "capacidad firme propia" para cubrir su carga operacional.
Según la exposición de motivos, se pretende que esta industria, "en lugar de competir con las familias y los comercios por una electricidad escasa, aportará megavatios al sistema".
La pieza legislativa también contempla la figura del Centro de Cómputo Cualificado y el Compromiso Megavatio, así como enmiendas al Código de Incentivos para vincular los beneficios aplicables a centros de datos de gran consumo eléctrico con el cumplimiento de los requisitos de la nueva ley.
Además, propone crear el Programa de Expansión y Exportación de los Centros de Datos Existentes y un programa voluntario de reserva para centros de datos.
La medida también contempla la creación del Banco de Cómputo Soberano, el establecimiento de requisitos de energía renovable adicional, eficiencia energética, uso de agua y resiliencia, así como la designación de Zonas de Cómputo y Energía.