La portavoz en la Cámara de Representantes de Proyecto Dignidad, Lisie J. Burgos Muñiz radicó el Proyecto de la Cámara 1092, el cual buscar prohibir el que toda persona, natural o jurídica, le niegue a cualquier persona con inmunidad natural acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por razón de esta negarse a presentar evidencia de estar vacunada contra el COVID-19 o por negarse a mostrar una prueba negativa, entre otras cosas.

"Actualmente, es preocupante cómo el Ejecutivo continúa con la agenda de establecer la obligatoriedad de la inoculación para toda persona por motivo del coronavirus (SARS-CoV-2), sin tomar en cuenta que en Puerto Rico existe un gran número de personas que ya se han recuperado de este virus y presentan un cuadro de inmunidad natural, la cual, en la mayoría de los casos, es más fuerte y duradera que la adquirida mediante otras vías", expresó Burgos en comunicación escrita.

El proyecto define a una persona con inmunidad natural como «toda persona que haya arrojado positivo a los anticuerpos IgG contra el coronavirus SARS-COV-2, o contra cualquiera de sus variantes presentes o futuras, a través de una prueba anticuerpos».

Lee aquí el proyecto

Según la medida, se pretende «garantizar a toda persona, debidamente inmunizada, no tener la carga onerosa de vacunarse y/o presentar prueba negativa al COVID-19», para acudir a sus empleos, tanto públicos como privados; entrar a instalaciones gubernamentales para solicitar servicios; disfrutar de espacios públicos; viajar a Puerto Rico y realizar cualquier otra actividad o gestión que requiera de su presencia.

Además, a los estudiantes con evidencia de inmunización natural no se le podrá impedir su entrada a escuelas, colegios, universidades o centros de estudios, sean públicos o privados, expone el proyecto.

La persona tendría que presentar una prueba positiva de anticuerpos contra el COVID-19, que no tenga una antigüedad mayor a doce (12) meses desde que fue colectada.

El proyecto de ley crea una causa de acción por daños ante la violación de la misma, con una cuantía mínima de $3,500. La persona tendrá hasta tres años para presentar la demanda.

Según la representante, la vacunación obligatoria forma parte de una agenda, implementada por ordenes ejecutivas o decretos, basada en lo que cataloga como un «argumento irracional».

Burgos Muñiz entiende que el ejecutivo «pretende garantizarle a la ciudadanía una falsa seguridad que no llegará y de paso, se continúa la discriminación que sin razón alguna segrega a nuestros hermanos puertorriqueños».

La representante cita un estudio realizado por científicos israelíes, en donde compararon la inmunidad natural y la inmunidad alcanzada por el uso de la vacunación. Según Burgos Muñiz, dicho estudio encontró que la inmunidad natural le confiere a la persona una protección más duradera y fuerte contra la infección, la enfermedad y la hospitalización.

Los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, por el contrario, han informado que la vacunación ofrece una mayor protección que infecciones previas al coronavirus.

En agosto, la agencia federal emitió un comunicado con un estudio realizado en Kentucky que demostró que las personas no vacunadas que habían sobrevivido a una infección previa por COVID-19 tenían dos veces más probabilidades de volver a infectarse con el virus en comparación con las que estaban completamente vacunadas.

"Hoy, son muchos los estados y naciones que han comenzado a dejar a un lado la agenda global restrictiva del coronavirus para adoptar una planificación flexible de sus propios asuntos de salud pública", expresó la legisladora de Proyecto Dignidad.

"Nuestra gente está siendo atropellada y despojada de sus derechos en una democracia", concluyó.