Un proyecto de ley que proponía crear el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico bajo la Comisión de Derechos Civiles, luego de haber recibido el aval de la Asamblea Legislativa y posteriormente ser enviado a La Fortaleza para su consideración, pasó a ser un veto de bolsillo luego de que la gobernadora no impartiera su firma dentro del término constitucional de 30 días para convertirlo en ley.

Se trata del Proyecto del Senado 298, de la autoría de la senadora independiente, Joanne M. Rodríguez Veve, que proponía establecer las funciones, facultades y estructura operacional para dicho Observatorio, así como requerir la elaboración de un Plan Estratégico dirigido a la prevención, detección y erradicación de la trata humana.

La pieza legislativa también perseguía establecer una política pública basada en evidencia para atender este fenómeno mediante la coordinación de esfuerzos gubernamentales y la recopilación sistemática de información.

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La exposición de motivos describe la trata humana como una forma de explotación dirigida a obtener beneficios económicos mediante la utilización de personas en condiciones de vulnerabilidad, y señala que este delito puede manifestarse mediante explotación sexual, trabajo forzado, servidumbre involuntaria, extracción de órganos y otras formas de explotación. La medida además destaca, que las víctimas suelen enfrentar barreras para denunciar los hechos debido al miedo, la vulnerabilidad económica o dificultades de acceso a servicios y justicia.

El proyecto repasa diversas iniciativas legislativas aprobadas en Puerto Rico para atender este problema, incluyendo disposiciones contenidas en la Ley Núm. 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico; la Ley Núm. 225-2014, que incorporó la trata humana como modalidad de maltrato de menores; y la Ley Núm. 8-2015, relacionada con la asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana. Además, señala que la falta de estadísticas organizadas y de información uniforme limita la capacidad del Gobierno para diseñar políticas públicas efectivas y coordinar esfuerzos dirigidos a combatir este delito.

Creación del Observatorio de Trata Humana

La medida creaba el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico adscrito a la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico. Su propósito principal sería recopilar, organizar y analizar la información generada por las agencias gubernamentales relacionada con la trata humana, así como promover la formulación de políticas públicas fundamentadas en evidencia sobre los factores de riesgo asociados a este delito.

Entre sus funciones se incluían identificar programas gubernamentales relacionados con el tema, recopilar y evaluar estadísticas, analizar políticas públicas vigentes, diseñar sistemas de identificación temprana de factores de riesgo, recomendar protocolos de prevención, divulgar mejores prácticas y publicar informes y estadísticas mediante una plataforma digital accesible al público.

Facultades y coordinación interagencial

El proyecto autorizaba al Observatorio a requerir información estadística de agencias, municipios y otras entidades gubernamentales, así como establecer los formatos y mecanismos para la recopilación y entrega de datos. También le concedía facultades para crear comités de trabajo, encomendar investigaciones científicas, solicitar fondos estatales y federales, aceptar donativos y desarrollar indicadores uniformes para medir la incidencia, prevención, procesamiento judicial y asistencia relacionada con la trata humana.

La Comisión de Derechos Civiles sería responsable de dirigir el Observatorio, nombrar un coordinador y coordinar la implantación de la política pública gubernamental relacionada con la trata humana. Asimismo, debería gestionar recursos presupuestarios y procurar fondos externos para su funcionamiento.

Indicadores y Plan Estratégico

La medida disponía que, dentro de los doce meses siguientes a su aprobación, el Observatorio debería diseñar y adoptar indicadores con la participación de múltiples entidades gubernamentales, incluyendo el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, el Departamento de Educación, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud, ASSMCA, el Departamento de Seguridad Pública, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Instituto de Ciencias Forenses, DACO, PRITS y el Poder Judicial.

Una vez adoptados los indicadores, el Observatorio y las entidades participantes desarrollarían un Plan Estratégico que sería sometido a la Asamblea Legislativa como referencia para futuras iniciativas legislativas y administrativas relacionadas con la prevención, detección y erradicación de la trata humana.

Al no recibir la firma de la gobernadora dentro del término de 30 días dispuesto para su consideración, el Proyecto del Senado 298 no se convirtió en ley y pasó a ser un veto de bolsillo.