Una nueva medida, propuesta por los senadores Ramón Nieves y Miguel Pereira, propone la penalización de los piratas que intercepten, instalen, vendan y/o alteren equipo de recepción de servicios de satélite, televisión o cable televisión.

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Según Nieves, el Proyecto del Senado 410 tiene como propósito "proteger los derechos de autor de los que generan el contenido de la programación", a la vez que defender los derechos de los abonados que se suscriben a los servicios legítimamente; y cuyos bolsillos se ven afectados al encarecerse los servicios por culpa de los "piratas".

Si dicho proyecto se aprobara, se añadiría un inciso al Código Penal para prohibir el robo de las señales. Ello, mediante la imposición de multas de $3,000 dólares, así como una pena de reclusión de tres años.

La piratería del servicio se ha convertido en un mercado fértil en los últimos años, siendo posible que la ciudadanía solicite en su hogar la instalación de antenas y cajas de satélite de forma ilegal y de forma impune. A través de diversas páginas de internet, los usuarios adquieren las contraseñas para codificar el uso de las cajas.

Diversas entidades como la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, así como las compañías DirectTV, Choice, Liberty Cablevision y Dish, acudieron a vistas públicas el pasado jueves, para formar un frente de apoyo al proyecto.

La gerente general de DirectTV, Thelma López, declaró en las vistas que este negocio ilícito supone una pérdida de 2.7 millones al gobierno por concepto de impuesto sobre ventas y uso (IVU), a la vez que provoca la pérdida de empleos directos e indirectos.

«De un cálculo conservador se desprende que si existe un promedio de 65,000 clientes piratas y estos clientes pagaran una renta promedio de $50 cada uno mensualmente por ese servicio, esto equivale a sobre $39 millones que se están escapando de la economía de la Isla», estimó López.

Por otra parte, el abogado de Choice TV, Idelfonso López, indicó que la práctica "escandalosa" supone a su vez una pérdida de 100 millones anuales a las compañías que brindan el servicio de forma legal.

Por otra parte, Omar Martínez, representante de la compañía Liberty Cablevision indicó que estas empresas ilegales se anuncian incluso en clasificados por internet por lo que las autoridades debían ir "a los puntos más altos de la cadena", en lugar de penalizar a los usuarios que podrían desconocer que auspician una práctica ilegal.

Se añadiría al Código Penal el siguiente inciso:
«Venta, instalación, uso o interferencia de equipo, servicios y sistema de comunicación o difusión de cable televisión o televisión por satélite.

Toda persona que venda, instale, use, altere, modifique, interfiera, intervenga u obstruya cualquier equipo, recibidor ("receiver"), aparato o sistema de codificación, decodificación, comunicación, información o difusión de servicios de cable televisión, televisión por satélite ("direct broadcast satellite"), o tecnología equivalente, sin el consentimiento expreso de la compañía que ofrece el servicio, será sancionada con pena de multa que no excederá de tres mil dólares ($3,000), o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas a discreción del tribunal.»