Por Daniel Rivera Vargas

Un estudio comisionado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera reveló que una gran cantidad de médicos considera retirarse en los próximos cinco años, lo que podría agravar aún más la crisis en los servicios de salud en Puerto Rico.

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El hallazgo es uno de los muchos retos en el sistema de salud de Puerto Rico identificados en una evaluación sobre las condiciones de los empleados del sector salud. Este análisis forma parte del Puerto Rico Healthcare Study, comisionado por la Junta de Supervisión, con fecha del 25 de febrero y un total de 267 páginas, incluyendo sus anejos.

El documento destaca múltiples desafíos en el sector de la salud que afectan directamente a los médicos. Entre ellos se incluyen leyes restrictivas, como las que limitan la telemedicina; los efectos colaterales de medidas como el incentivo contributivo del 4%, que ha llevado a muchos galenos a reducir su carga de trabajo al poder mantener sus ingresos trabajando menos; el envejecimiento de la comunidad médica, con una alta proporción de doctores mayores de 65 años, y deficiencias en los programas de educación para profesionales de la salud.

El informe también expone otras deficiencias del sistema de salud en Puerto Rico, incluyendo prácticas administrativas ineficientes. Entre ellas, la dependencia del papel para trámites, la exigencia de múltiples referidos y la repetición innecesaria de pruebas de laboratorio. Estas prácticas no solo afectan la eficiencia en la atención al paciente, sino que también incrementan la carga y el desgaste del personal médico.

«Los profesionales de la salud de Puerto Rico gastan más tiempo en actividades administrativas que sus contrapartes en Estados Unidos», se indicó.

El informe también resalta la escasez de personal de apoyo esencial, tanto en áreas especializadas, como los terapistas físicos, como en funciones administrativas y operativas, incluyendo mantenimiento y seguridad. Esta falta de recursos humanos profundiza las deficiencias del sistema y afecta la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de salud.

El informe también detalla que hay áreas en Puerto Rico más afectadas que otras por geografía porque es más difícil el acceso a servicios de salud en los pueblos lejos de las zonas urbanas, y en términos poblaciones el estudio indica que es más complicado para una persona envejeciente que para un joven conseguir los profesionales de la salud.

El informe también señala problemas que requieren un análisis más profundo, como la disparidad en los fondos federales que recibe Puerto Rico para servicios de salud en comparación con los estados y otras jurisdicciones.

«La disparidad entre la financiación federal de Medicaid disponible para Puerto Rico y la que estaría disponible para un estado de población comparable, junto con la disparidad en la financiación de Medicare, han limitado gravemente la prestación de servicios críticos y el desarrollo de la mano de obra y la infraestructura necesarias; estos servicios son financiados principalmente, si no exclusivamente, por Medicaid y Medicare en los EE.UU. Ejemplos específicos de estos servicios son los servicios y apoyos a largo plazo, los servicios basados en el hogar y la comunidad y el transporte médico no de emergencia», sostiene el informe.

Asimismo, resalta la importancia de iniciativas diseñadas para mejorar la salud de la población puertorriqueña.

«Nuestro modelo sugiere que la brecha entre la demanda y la oferta de personal del área de salud seguirá aumentando incluso después de tener en cuenta las posibles inversiones en el desarrollo de la mano de obra. El aumento de las enfermedades crónicas en Puerto Rico es insostenible, ya que los pacientes llegan a los hospitales y (a las oficinas de) especialistas en peor estado de salud, lo que contribuye a sobrecargar el sistema sanitario. La imposibilidad de acceder a una atención oportuna conduce a mayores tasas de morbilidad, desbordando el sistema y aumentando la presión sobre los proveedores de atención sanitaria que ya están al límite de su capacidad», sostiene el documento.

El documento también destaca cómo, pese a las necesidades en el sector salud, se desaprovechan oportunidades de financiamiento. Un ejemplo de ello es una iniciativa federal que, el año pasado, destinó más de $100 millones a programas educativos de salud y agencias en todo Estados Unidos, sin que Puerto Rico recibiera un solo centavo.

«La información que tenemos es que el gobierno de Puerto Rico no solicitó esas ayudas», reza el voluminoso texto.

En cuanto a las recomendaciones, el informe presenta decenas de propuestas. Entre ellas, se destaca la necesidad de ampliar los programas universitarios para la formación de médicos, lo que implica incluso un cambio de mentalidad en algunas instituciones que priorizan la competitividad sobre la colaboración entre programas académicos. Esto cobra relevancia, ya que el 74 % de los estudiantes que se forman en Puerto Rico tienen una mayor probabilidad de continuar ejerciendo en el archipiélago.

«Reclutar médicos de estados Unidos continentales es más desafiante», se indicó

También se debe enmendar la ley de los centros médicos académicos regionales para que haya un programa mas enfocado en las necesidades reales identificadas, incluyendo asuntos como la escasez que se proyecta en áreas como enfermeras practicantes.

En el tema de los incentivos, estos deben ser «cuidadosamente diseñados» para mejorar el acceso a la salud y aliviar la escasez de personal. Estos deben incluir incentivos más agresivos para los primeros años en la práctica, apoyo al estilo de pequeños comerciantes, e incluso proveer incentivos para atender áreas en las que más se necesita ese tipo de personal médico.

Además, se proponen incentivos que auxilien en el cuido de niños y ancianos, esto con dos metas: por un lado, que el profesional de la salud no se vea comprometido por su trabajo por los costos de estos servicios de familia, y el efecto multiplicador de crear servicios necesarios a largo plazo para apoyar a hogares y comunidades.

En el ámbito administrativo, el informe recomienda modernizar la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de Salud (ORCPS) para eliminar los trámites en papel y migrar a un sistema electrónico. Además, sugiere una reforma en las regulaciones de licenciamiento y la centralización del proceso de credenciales, siguiendo el modelo recientemente implementado en Florida, Carolina del Norte y Texas.

El informe también propone una transición del modelo tradicional de sole practitioner (médico que trabaja solo), arraigado en la historia y cultura de Puerto Rico, hacia un sistema que fomente el trabajo en grupos con personal esencial, como dietistas, terapistas y enfermeras practicantes. Esto responde a la creciente inviabilidad del modelo individual en la isla.

También se urge una intervención del gobierno en el tema del encarecimiento de electricidad. «Cada día aumenta más el costo de la energía, y los servicios que se ofrecen dependen de esta utilidad. Es bien sabido que éste ha sido un factor determinante en los casos de hospitales que recientemente se han visto obligados a cerrar sus operaciones», se cita a uno de los profesionales de la salud entrevistados.

Entre las alternativas propuestas para abordar el alto costo de la electricidad, se incluyen subsidios, incentivos tributarios o de financiamiento que permitan a los proveedores de salud independizarse del actual sistema de generación de energía. Además, se recomienda invertir en mejoras en el acceso a Internet, para optimizar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de salud.

Asimismo, se exhorta a continuar haciendo investigaciones futuras en áreas específicas, como en el tema de la operación de los hospitales y de los centros de cuidado prolongado.

El informe fue elaborado por el grupo FTI Consulting, Inc., con el apoyo de la organización Impactivo como socio estratégico. El estudio incluyó entrevistas con representantes de 21 organizaciones y encuestas a profesionales de la salud, que abarcaron desde médicos y enfermeras hasta estudiantes y administradores de hospitales, incluyendo a las escuelas de medicina.

«Creemos que los hallazgos y recomendaciones pueden dirigir una política pública que restaure el crecimiento y la prosperidad en Puerto Rico», reza una misiva anexada al texto dirigida al director ejecutivo de la Junta de Supervisión, Robert Mujica.