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Por Lcdo. Hans E. Riefkohl Hernández (Riefkohl LLC)

El caso de Moore v. United States prometía resolver una de las controversias más importantes en el campo del derecho tributario federal: ¿Puede el Congreso tributar el mero incremento en el valor de un activo antes de que su dueño lo venda o lo convierta en efectivo? Dicho de otra forma, ¿una ganancia tiene que ser «realizada» para que el Congreso la pueda tributar?

1. Una mayoría de la Corte Suprema de Estados Unidos entendió que no era necesario contestar esa pregunta para resolver el caso y, por lo tanto, no lo hizo.

Aún así, el caso presenta importantes lecciones:

• El Gobierno federal puede atribuirle a los dueños de una entidad los ingresos de esa entidad, aunque estos no los hayan recibido.
• La opinión mayoritaria trató este principio como uno firmemente establecido y, para estos propósitos, no entendió que era material la diferencia entre una sociedad y una corporación.
• A su vez, el aceptar este principio fue lo que le permitió a la mayoría evitar contestar la pregunta sobre si la realización de ganancias es un requisito constitucional (pregunta que, dicho sea de paso, fue la que la Corte indicó que atendería cuando aceptó el caso).
• Esto, ya que la mayoría dio por buena la ficción de que, como el ingreso sí fue realizado por la corporación, no se podía decir que se estaba tributando ingreso no realizado (aunque los dueños no lo habían recibido).
•  No obstante, tanto la opinión concurrente de la jueza Barrett (a la que se unió el juez Alito) como la opinión disidente del juez Thomas (a la que se unió el juez Gorsuch) no estuvieron de acuerdo en que los precedentes de dicho foro eran claros en cuanto a que se le puede atribuir los ingresos de una entidad a sus dueños, aunque estos no los hayan recibido.
• La opinión de la jueza Barrett indicó que si bien en el caso de una corporación con pocos accionistas, como era la corporación de los Moore, a estos se les puede atribuir los ingresos de la corporación, en el caso de los accionistas de corporaciones grandes otro puede ser el resultado.

2. Hay, por lo menos, tres jueces (Thomas, Alito, y Gorsuch) y una jueza (Barrett) que entienden que la 16ta enmienda no le permite al Congreso tributar ganancias no realizadas.

• Las otras tres juezas (Kagan, Sotomayor, y Jackson) y dos jueces (Roberts y Kavanaugh) entendieron que no era necesario contestar esa pregunta, pero me atrevo a pensar que esas tres juezas y por lo menos uno (Roberts) de esos dos jueces resolverían que el Congreso sí puede tributar ganancias no realizadas bajo la 16ta enmienda, ya que, de lo contrario, muchos de los impuestos de los que depende el Gobierno federal pueden ser invalidados bajo esa teoría.
• Eso dejaría al juez ponente, Kavanaugh, como el voto decisivo sobre dicha controversia futura.

3. El caso también nos aclara que el hecho de que la 16ta enmienda permita un impuesto no quiere decir que este necesariamente sea válido.

En particular, la opinión mayoritaria invocó la cláusula del debido proceso como una protección a atribuciones arbitrarias de ingresos de entidades a sus dueños.

Por otro lado, y esto parecer ser un punto con muy poca relevancia práctica, el hecho de que la 16ta enmienda no permita un impuesto no quiere decir que este necesariamente sea inválido. Lo que ocurre es que, si el impuesto no encuentra apoyo en la 16ta enmienda, la Constitución exige que este sea prorrateado (apportioned) entre los 50 estados, una imposibilidad práctica.

El caso ha dado mucho de qué hablar. Algunos han criticado la opinión mayoritaria por que abre la puerta a que el Congreso imponga un impuesto sobre patrimonios (wealth tax) tal como el propuesto por Elizabeth Warren. No concuerdo con esa interpretación.

De hecho, lejos de darle el visto bueno a ese tipo de impuesto, lo único que este caso deja claro es que, por lo menos, hay cuatro votos a favor de declararlo inconstitucional. El que los otros cinco no hayan expresado una posición al respecto difícilmente se puede ver como un endoso, especialmente considerando lo cuidadoso que fue el juez Kavanaugh al abordar el tema.

En todo caso, independiente de la legalidad de un impuesto sobre patrimonios, hay quienes sostienen que este una mala idea ya que es una pesadilla para administrar y desincentivaría la inversión en pequeños negocios (las cuales no tienden a ser líquidas en sus etapas iniciales).

Por lo tanto, es posible que la controversia que se dejó sobre la mesa tome un tiempo en regresar al máximo foro federal.

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