Con el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, notificó ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que el Gobierno de Puerto Rico desea acogerse a la protección Título III de la Ley PROMESA.

Descarga la carta enviada por el Gobernador a la Junta de Supervisión Fiscal (PDF)

Luego de amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley PROMESA permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

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"Seguimos comprometidos en mantener las negociaciones de buena fe para llegar a acuerdos con los acreedores. El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del Pueblo puertorriqueño", sentenció el primer ejecutivo en rueda de prensa.

Rosselló Nevares destacó que durante las vistas de transición del Gobierno en diciembre del año pasado trascendió que el déficit del Gobierno alcanza los $7,600 millones y no los $3,200 que se habían informado por la pasada Administración.

"Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado, y estoy convencido que nuestra Isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del Gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes", agregó el mandatario.

El gobernador destacó que de manera responsable su administración busca cumplir los acreedores con un pago a la deuda de cerca de $800 millones anuales y así está contemplado en el Plan Fiscal certificado por la JSF el pasado 13 de marzo de 2017. Esto representa un recorte de 80% en el pago del servicio de la deuda originalmente pactado con los acreedores por pasadas administraciones.

El primer ejecutivo adelantó que hay otras entidades bajo la supervisión de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) que pudieran estar buscando un acuerdo de reestructuración consensual bajo el Título VI de la Ley PROMESA.

"Mientras el Gobierno de Puerto Rico se mantiene con la intención de dialogar y negociar de buena fe con los acreedores, la reciente expiración de la moratoria impuesta por PROMESA contra la aplicación de la responsabilidades de los reclamos de los acreedores dicta que el mejor curso de acción para el Gobierno es entrar en el Título III con el propósito de ajustar sus deudas a un nivel sostenible consistente con el Plan Fiscal", sostuvo el mandatario.

"Es mi deseo que los procesos del Título III del Gobierno aceleren el proceso de negociación llevando el mayor consenso posible con los acreedores y alcanzando, donde sea necesario, una resolución judicial rápida y eficiente de cualquier asunto o disputa", concluyó Rosselló Nevares.

El gobernador reiteró que con esta medida se garantiza la continuidad del pago a los empleados y suplidores del Gobierno.

Junta de Supervisión certifica radicación bajo Título III de la Ley PROMESA

Descarga los documentos: Petition for Relief by The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico on behalf of the Commonwealth of Puerto Rico Pursuant to Title III of PROMESA against All Parties (ZIP)

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la "Junta de Supervisión") creada por el Congreso bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act («PROMESA» o la «Ley») anunció hoy que aprobó y certificó la radicación en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico de una petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Chairman de la Junta de Supervisión, José Carrión, explicó que la Junta determinó que era necesario y apropiado que el Gobierno de Puerto Rico radicara dicha petición voluntaria bajo el Título III de PROMESA para proteger a los residentes de Puerto Rico, al igual que los intereses de sus acreedores, en vista de la expiración a la media noche del lunes de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA.

Carrión enfatizó que esta radicación bajo el Título III no debe precluir esfuerzos para continuar las negociaciones para la restructuración voluntaria de la deuda y buscar acuerdos consensuados con los acreedores. "La Junta de Supervisión sigue pensando que las negociaciones consensuadas, en la medida que sean posibles, son preferibles y las continuará con todos los grupos de acreedores que estén dispuestos a ello. Esta radicación no representa el final de esas discusiones", dijo Carrión.

El Chairman de la Junta de Supervisión explicó que el Plan Fiscal certificado del Gobierno de Puerto Rico, además de reformas estructurales dirigidas a aumentar la participación de la fuerza laboral y propiciar el crecimiento económico, contiene ya sustanciales recortes de gastos y aumentos de ingresos en un esfuerzo de balancear estructuralmente el presupuesto y maximizar los fondos disponibles para el servicio de la deuda. Pero los problemas de liquidez y solvencia del Gobierno son enormes y el Título III es ahora necesario para proteger al pueblo de Puerto Rico y evitar un impacto negativo a la economía aun mayor como resultado de una avalancha de litigios y continua incertidumbre.

Bajo PROMESA, el Gobierno de Puerto Rico, con el apoyo de la Junta de Supervisión, ha propiciado negociaciones voluntarias y mediación en un esfuerzo de llegar a acuerdos consensuados con sus acreedores. Pero la expiración el lunes por la noche de la moratoria contra litigios dispuesta en PROMESA hace al gobierno y sus entidades vulnerables a litigios por parte de sus acreedores.

La radicación voluntaria bajo el Título III precluiría dichos litigios mientras permitiría que negociaciones consensuales continúen.

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En sus resolución aprobando y certificando la radicación bajo Título III, la Junta de Supervisión especifica cómo la misma cumple con los requerimientos de PROMESA para dicha radicación, incluyendo la determinación de la Junta de Supervisión de que el Gobierno de Puerto Rico hizo esfuerzos de buena fe para llegar a una reestructuración consensuada con sus acreedores, adoptó los procedimientos necesarios para presentar puntualmente estados financieros auditados e hizo públicos borradores de estados financieros y otra información suficiente para que cualquier persona interesada pudiera hacer una decisión informada con respecto a una posible reestructuración, entre otros.

"La Junta de Supervisión toma esta acción únicamente para cumplir con su propósito, según dispuesto en PROMESA, de proveer un método para que el Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades puedan alcanzar la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital", concluyó Carrión.