En Microjuris.com al Día tuvimos la oportunidad de hacerle varias preguntas a la profesora y licenciada Ana Matanzo Vicens acerca del estudio sobre la profesión jurídica que se estará presentando en la actividad del martes, 29 de octubre de 2013 a las 6:30PM en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.

El estudio, titulado «La prestación de servicios legales pro bono y el acceso a la justicia«, se hizo en conjunto con la Fundación Estudios Técnicos, Inc. y es un proyecto de investigación dirigido por la profesora y licenciada Ana Matanzo Vicens en coordinación con la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, la licenciada Mariluz Jiménez.

¿Qué razones motivaron el estudio sobre el pro bono y el acceso a la justicia?

Somos una sociedad organizada en función de un sistema de derechos y obligaciones recíprocas. Es lo que llamamos el ordenamiento legal o Estado de Derecho que tiene como premisas básicas la igualdad ante el imperio de la ley y un método dispuesto para la protección, vindicación de derechos y formulación de remedios.

La legitimación del Estado de Derecho depende de que en efecto exista un acceso equitativo a la justicia. De lo contrario, el sistema pierde credibilidad y los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos.

Pero de conformidad a la política pública prevaleciente, la justicia en nuestra sociedad, por lo general no es gratuita, es adversaria, es técnica y es cara. Acceder al sistema judicial para obtener la protección y vindicación de derechos tiene un altísimo costo.

La política pública adoptada para promover el acceso equitativo a la justicia le asigna un rol y responsabilidad primordial a los abogados y abogadas (Canon I, Regla 6.1 de las MR ABA).

En momentos de crisis económica no sólo en Puerto Rico sino en el mundo entero, la importancia de contar con abogacía pro bono es imprescindible. ¿Qué se está haciendo diferente este año y cuál es la estrategia para integrar a abogados y abogadas que quizás estén alejados de estas prácticas?

Los graves retos propuestos por la actual crisis económica y la creciente alza en los niveles de pobreza son factores que agudizan la falta de acceso a la justicia. Los sectores marginados tienen más y más necesidad de proteger y vindicar sus derechos y el déficit fiscal es base para reducción de presupuestos a entidades dedicadas a brindar servicios legales gratuitos. Eso hace que se haga mayor hincapié en la responsabilidad de los abogados en cumplir con su responsabilidad social y brinda servicios legales pro bono.

A su vez, los abogados y abogadas son profesionales que están sufriendo los embates de la crisis económica.

¿Por qué en estos momentos históricos la UPR Derecho se embarca en un estudio sobre la profesión jurídica y el acceso a la justicia?

Esta situación (económica) nos propone la urgente necesidad de obtener, mediante estudios de rigor e investigación sostenida, la mejor información y mayor cantidad de datos que permita identificar con precisión:

1. las necesidades de servicio más apremiantes;
2. la promulgación de medidas que distribuyan equitativamente el deber del Canon I entre todos y todas las profesionales del derecho;
3. adoptar medidas creativas para promover la efectividad del servicio pro bono y el mejor aprovechamiento de los recursos;
4. convertir a la Escuela de Derecho de la UPR en un centro de estudio e investigación empírica de la profesión legal en Puerto Rico para que, además de formar profesionales plenamente conscientes de su responsabilidad social, sea la Escuela un referente obligado en la formulación de política pública en torno al tema del acceso a la justicia y
5. promover una cultura de recopilación de data empírica confiable y sostenida que nos ayude a entender mejor estos procesos y así poder formular soluciones más certeras y efectivas al problema de acceso a la justicia.

Motivados por esas razones, llevamos a cabo el estudio para, a grandes rasgos, lograr identificar y conocer mejor el profesional que en efecto brinda servicios legales pro bono a clientes indigentes, su perfil demográfico (edad, género, ubicación y años en la profesión) su ubicación profesional y áreas del derecho a las que se dedica, su formación jurídica, su percepción de cuán equitativamente se distribuye la responsabilidad de brindar servicios pro bono entre sus pares, la calidad del servicio brindado y sus motivaciones para hacerlo.