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En términos generales, una recesión económica ocurre cuando se registra una caída significativa y sostenida en la actividad económica de un país o región. Aunque frecuentemente se asocia con dos trimestres consecutivos de contracción del producto interno bruto (PIB), esta definición puede resultar limitada. Instituciones como la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés) consideran otros indicadores, como el empleo, el ingreso real, la producción industrial y las ventas al detal, para evaluar con mayor precisión la salud de una economía. En el caso de Puerto Rico, el análisis de estos ciclos económicos cobra particular relevancia debido a factores estructurales y fiscales que influyen en el desempeño económico de la isla.
Desde 2006, Puerto Rico ha enfrentado una de las recesiones más prolongadas dentro de la jurisdicción estadounidense. Factores como la eliminación de la Sección 936, el endeudamiento público y la baja inversión privada han marcado esta tendencia. Durante la pandemia de COVID-19, la economía local también se vio impactada, aunque mitigada por ayudas federales temporales.
Identificar una recesión no solo implica observar cifras macroeconómicas, sino también entender cómo estos cambios afectan la vida diaria. En Puerto Rico, los ciclos económicos deben analizarse con una mirada integral que tome en cuenta factores sociales, fiscales y demográficos. Comprender estas dinámicas es clave para promover políticas públicas sostenibles y orientadas a la recuperación a largo plazo.