Por Daniel Rivera Vargas

La vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) que mantiene al alto foro con un número par de jueces y juezas, y que abre la posibilidad de empates ya ha detonado diversos incidentes en los pasados 45 años, recordó el profesor Carlos Díaz Olivo.

Bajo el escenario de solo ocho miembros, el profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) reconoce que puede haber empates si en una controversia el tribunal se divide 4 a 4, aunque prevé que esto solo ocurra cuando sean decisiones alejadas del tema político, porque entonces hay una clara mayoría de seis jueces asociados que fueron nombrados por gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) frente a dos que fueron nombrados por el Partido Popular Democrático (PPD).

«El riesgo de tranque existe. Usualmente, cuando eso ocurre es el propio tribunal que busca llegar a un consenso y evitar que se fraccione mitad y mitad. En este tribunal no creo que ocurra eso, porque ideológicamente el PNP lo sigue dominando», aseguró Díaz Olivo, quien también es analista político.

Al final del día, si el Supremo no tiene mayoría en una controversia jurídica, prevalece entonces la decisión del Tribunal de Apelaciones y no establece jurisprudencia.

Díaz Olivo recordó que una situación reciente ocurrió cuando una controversia sobre las cuotas de una unión laboral llegó al Tribunal Supremo de Estados Unidos (TSEU) en momentos de vacantes.

El juez asociado Antonin Scalia recién había muerto.

Pero una vez se llenó la vacante, con el nombramiento de Neil Gorsuch por parte del presidente Donald Trump, la misma controversia fue traída con otro demandante y entonces el Supremo federal resolvió 5 a 4 y cambió el estado de derecho.

Actualmente, hay una vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico por la disposición constitucional que obligaba a la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez a dejar su cargo el pasado 24 de diciembre al llegar a la edad de 70 años.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced nominó a la jueza del Tribunal de Apelaciones Maritere Brignoni, pero poco después la magistrada solicitó el retiro de su nombramiento.

Acto seguido, la primera ejecutiva dijo que no haría nuevos nombramientos a ese puesto por lo que cae en manos del gobernador entrante, Pedro Pierluisi, nominar a una persona que sea confirmada en un Senado que no estará dirigido por su colectividad y en el que, por primera vez en la historia, hay cinco partidos políticos y un legislador independiente.

Díaz Olivo recordó que en medio del anterior gobierno compartido, en el período de 2005 a 2008 —con el gobernador Aníbal Acevedo Vilá electo por el Partido Popular Democrático y las delegaciones legislativas en control del Partido Nuevo Progresista— hubo vacantes que dejaron al Supremo en un número par.

En aquella época, el Supremo tenía una mayoría de siete jueces y juezas asociadas.

Pero en ese cuatrienio hubo tres vacantes, por lo que el alto foro se quedó con solo 4 jueces.

El problema era mayor con cuatro jueces porque hay un lenguaje en la Constitución que obliga a que para que una ley sea declarada inconstitucional, se requiera una expresión de una mayoría de jueces del tribunal.

Como el tribunal tenía siete puestos, al solo haber cuatro jueces, para declarar inconstitucional una ley se requería unanimidad de los cuatro jueces porque con uno solo que se opusiera, no se cumplía con la letra de la Constitución de Puerto Rico.

En tanto, el profesor dijo que en aquella época inicialmente eran solo dos las vacantes, por lo que el gobernador del partido popular contempló negociar con el Senado PNP para él escoger a un juez y los novoprogresistas escoger a otro, pero repentinamente murió el juez Jaime B. Fuster Berlingeri, y ya con tres vacantes no fue posible un acuerdo político.

Entonces, las vacantes se quedaron hasta el próximo cuatrienio, cuando los cuerpos legislativos y la gobernación, con Luis Fortuño, eran dirigidos por la colectividad estadista.

Es en ese periodo es que el Supremo se amplía a nueve jueces, y en vez de tres vacantes, el gobierno estadista logró hacer cinco nombramientos al Supremo.

«Fue lo que se llamó el banquete total», recordó Díaz Olivo.

La facultad del Supremo de expandirse o achicarse, como la que se usó en el 2009, se ha usado en el pasado y podría volver a usarse ahora, dijo el catedrático.

Díaz Olivo recordó que durante el cuatrienio de 1973 a 1976, cuando se anticipó una derrota electoral del PPD y se sabía de vacantes en el Supremo bajo la presidencia del juez José Trías Monge, se activó el mecanismo para alterar la composición del Supremo y bajó la composición que entonces era de nueve a siete, impidiendo que el PNP hiciera la mayoría de los nombramientos en el alto foro.

Bajar nuevamente la composición del Tribunal Supremo

Díaz Olivo dijo que ese mecanismo de alterar el número de los jueces ha sido una de las alternativas que se ha rumorado se podría usar si el gobernador entrante no logra un candidato que tenga el apoyo en el Senado, y haya una preocupación de perder la próxima elección.

El profesor explicó que la alternativa sería que en vez de solucionar el empate 8 a 8, se ordene bajar de nueve a siete el número de integrantes en el Supremo, usando como justificación que ha bajado la cantidad de trabajo en el Supremo, por la merma en casos en los tribunales del país.

El catedrático añadió que en ese escenario, cuando uno de esos ocho jueces abandone el cargo, entonces el tribunal opera con siete y no quedan vacantes para ser nombradas por un próximo gobierno.

¿Aún no estás suscrito(a) a Microjuris? Hazlo aquí. ¿Necesitas cumplir con tus créditos de Educación Jurídica Continua? Hazlo en nuestra sección de cursos en línea.